La Federación Argentina de Colegios de Abogados aseguró que profesionales de todo el país están poniendo en riesgo su salud y la de otras personas al tener que violar el aislamiento obligatorio ante la incertidumbre jurídica ocasionada por el virtual vacío legal respecto a los plazos de los procesos en curso.
A través de un escrito firmado por el Presidente de la entidad, José Luis Lassalle, y el Secretario, Marcelo Scarpa, Faca puso de manifiesto “la preocupación existente en la abogacía de todo el país, relacionada con el vencimiento de los plazos de prescripción y caducidad contemplados en el Código Civil y Comercial de la Nación y demás legislación de fondo”.
La nota dirigida a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, pide que se ponga en conocimiento al Jefe de Estado la situación generada por el Decreto Nº 297/2020 que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, que convive con la Resolución Nº 6/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (criterio adoptado también por los superiores tribunales provinciales), que durante el mismo período decreta una feria judicial extraordinaria.
Según la conducción de FACA “con las medidas de emergencia surgieron imprevistos y problemas colaterales, porque ante la incertidumbre de que prescriban o caduquen acciones o derechos aún no ejercidos, los abogados tuvieron que volver a la calle a realizar trámites urgentes. Pusieron en riesgo su salud y la de otras personas a lo largo y ancho del país, porque si bien el servicio de Justicia está paralizado y sólo se da tratamiento a casos excepcionales, necesitaban interponer demandas que interrumpieran los plazos que técnicamente seguían corriendo”.
La propuesta del organismo que representa a más de ochenta y dos colegios y asociaciones de abogados y abogadas de todo el país es la presentación de un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, o el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia que disponga la suspensión de todos los plazos de caducidad y prescripción de acciones y derechos establecidos en las normas de fondo, mientras dure el aislamiento.
“Hace apenas doce días España tomó una determinación en esa línea, también en el marco de la grave pandemia que atraviesa el país ibérico. Naturalmente es una disposición transitoria hasta que se normalice gradualmente la situación”, expresaron. “Entendemos que cuando la salud de la población está en juego, toda normativa o definición política que tienda a garantizarla está justificada”.
