El Gobierno Nacional busca acelerar el tratamiento y su posterior sanción de la baja en la edad de imputabilidad a raíz del asesinato de Kim Gómez en La Plata, en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años.
Al momento, según la ley, uno de los detenidos por el crimen, es inimputable por lo que no podrá condenado por el homicidio de la niña que fue arrastrada por cuadras, luego de que intentara huir del auto robado.
La primera en hacer eco del reclamo fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a través de sus redes sociales planteó: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más”.
“No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”, argumentó.
Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que se trata de un tema en agenda, y planteó que el crimen en La Plata “es una aberración”. “Independientemente de su minoría de edad o de no haber cumplido la mayoría de edad, no pueden seguir conviviendo en sociedad y matando gente”, sostuvo.
El Poder Ejecutivo Nacional, tras el trabajo de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), envío el pasado 15 de julio al Congreso un proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad a los trece años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
En Casa Rosada aseguran que es necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes», lo que genera “una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
El detalle del proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
En su redacción se determina que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque la escala penal podría ser más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
El oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social».
Por su parte, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes – muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.
