Buenos Aires, 7 julio (NA) – La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de la localidad de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, provocó un fuerte cimbronazo en el tablero político de Tucumán. Bautizada en los pasillos de la política local como «la Adorni de Graneros» —debido a los cuestionamientos por el origen de sus fondos patrimoniales—, el caso abrió una profunda grieta interna en el oficialismo provincial luego de que el ministro del Interior, Darío Monteros, saliera a marcar una severa distancia ética frente a los lujos de ciertos funcionarios. La polémica se encendió tras las declaraciones de Monteros en una entrevista televisiva en Canal 10. Sin nombrar de forma directa a la jefa municipal del sur de la provincia, el ministro ensayó una estudiada puesta en escena de pureza vecinal para despegar la gestión central del escándalo inmobiliario. El funcionario jaldista remarcó con orgullo que continúa residiendo en el barrio popular “El Alto Nuestra Señora del Valle”, en el corazón de La Banda del Río Salí, y disparó de forma tajante contra los dirigentes que eligen mudarse a barrios cerrados: “Se olvidan de la gente”. LA CAUSA JUDICIAL Y LA MANSIÓN DE USD 1,2 MILLONES El trasfondo de la interna radica en el avance de la causa penal que tramita el fiscal Diego Sebastián Hevia en el Centro Judicial Concepción. El expediente se inició a partir de la documentación aportada por los denunciantes Manuel Courel y Luis María Díaz Augier, quienes buscan probar el vínculo directo de la intendenta con una fastuosa residencia valuada en USD 1,2 millones, ubicada en el exclusivo country Las Yungas. Para los analistas del escenario tucumano, la jugada discursiva del titular de la cartera de Interior busca oxigenar al gobernador Osvaldo Jaldo, enviando señales de que el Poder Ejecutivo provincial no blindará políticamente los desatinos patrimoniales de los intendentes del interior. El contraste expuesto en la opinión pública resultó demoledor: la jefa comunal de uno de los municipios más postergados y subsidiados de Tucumán bajo la lupa por una mansión en un área residencial de elite, frente al jefe de los intendentes reivindicando el cordón cuneta de su localidad de origen. TENSIONES INTERNAS DE CARA AL ARMADO ELECTORAL No obstante, las declaraciones de Monteros también despertaron críticas en el arco político por la contradicción que encierra el denominado «populismo geográfico». Distintos sectores señalaron que fijar domicilio en un barrio vulnerable no exime las lógicas de poder familiar, recordando que el propio ministro heredó la intendencia de La Banda del Río Salí en manos de su hijo, Gonzalo Monteros, administrando millonarios recursos estatales en la región del Este de la provincia. Detrás de la fuerte condena pública a la ostentación country, lo que se libra en la provincia es una feroz batalla por el relato en un contexto socioeconómico nacional complejo. En el entorno de la gobernación saben que las sospechas de corrupción medidas en millones de dólares y piletas climatizadas resultan indigeribles para la sociedad, por lo que la estrategia oficialista apunta a refugiarse en las apariencias de austeridad para contener los daños políticos que genera el «caso Graneros». Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
