Buenos Aires, 11 julio (NA) – La tensión social y política en la provincia de Santa Cruz sumó un nuevo y complejo capítulo. El Gobierno provincial y los representantes de las fuerzas de seguridad volvieron a chocar en lo que significó el octavo encuentro formal del Consejo del Salario de Fuerzas Policiales y de Seguridad. La reunión no solo culminó sin acuerdo, sino que el conflicto —que ya se extiende por más de un mes— escaló drásticamente hacia una parálisis de las negociaciones y una denuncia oficial por incidentes y destrozos. Durante el encuentro, las autoridades del Ejecutivo santacruceño pusieron sobre la mesa dos alternativas de recomposición salarial basadas en la modificación del «valor punto», el coeficiente técnico que determina el haber de cada efectivo de acuerdo a su rango y antigüedad. Las opciones presentadas contemplaban los siguientes esquemas de bolsillo: * Primera alternativa: Fijaba el valor punto en $2.310,20 para julio y preveía un alza escalonada hasta los $2.452,18 en diciembre, con cláusula de revisión en octubre. Bajo esta propuesta, el sueldo de un agente o subayudante (sin antigüedad) pasaba de los actuales $1.182.351 a $1.713.034, mientras que un cabo (base 4) alcanzaba los $1.773.810. * Segunda alternativa: Proponía un valor punto de inicio de $2.116,78 retroactivo a junio, con subas graduales hasta $2.273,84 en diciembre. En la práctica, ubicaba el salario de un agente ingresante en los $1.608.049 y el de un cabo en $1.703.170. BRECHA SALARIAL Y ENDURECIMIENTO DE LAS PROTESTAS A pesar de que los funcionarios provinciales remarcaron que el haber inicial propuesto lograba cubrir el costo de la Canasta Básica Total, las cifras presentadas quedaron muy rezagadas respecto de las pretensiones del sector. Los representantes policiales ratificaron que el piso mínimo para un agente que recién se incorpora a la fuerza debe establecerse en $2.200.000, exigiendo además un valor punto cercano a los $4.000 para recomponer la pirámide salarial de los mandos superiores. El rechazo rotundo en la mesa de votación dio lugar de inmediato a una profundización de las medidas de fuerza en la capital provincial, Río Gallegos: * Se instalaron campamentos y carpas de protesta en los jardines y el frente de la Casa de Gobierno. * Se concretaron cortes de calle totales en las adyacencias de la Jefatura de Policía. * Se montaron guardias y carpas frente a la residencia oficial del gobernador y en los sectores habituales de pernocte del mandatario Claudio Vidal. CRUCE DE ACUSACIONES Y DENUNCIA POR DESTROZOS Tras el naufragio de la paritaria, el Gobierno de Santa Cruz emitió un duro comunicado en el que repudió formalmente el accionar de los manifestantes y denunció «hechos de violencia y daños materiales» en las instalaciones de la Escuela de Policía, lugar donde se desarrollaban las deliberaciones. De acuerdo al parte oficial, un grupo de efectivos provocó rotura de vidrios y agresiones al edificio, lo que precipitó el cierre abrupto de la jornada de debate. “Una vez más prevaleció una postura de intransigencia por parte de los representantes del personal policial, particularmente de la Zona Sur, quienes rechazaron de plano las alternativas puestas sobre la mesa”, subrayaron desde el Ejecutivo. Pese al clima de hostilidad, la gestión de Vidal dejó asentada en las actas su voluntad de mantener los canales institucionales de diálogo abiertos, supeditando cualquier mejora a «las reales posibilidades financieras de la Provincia» y exigiendo condiciones de responsabilidad y buena fe para retomar el debate. Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
