Buenos Aires, 13 julio (NA) — El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el lunes el lanzamiento de una campaña diplomática para “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos de ese país. “La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas. Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington. «PASO A PASO, SI ES NECESARIO» La nueva estrategia anunciada por el Departamento de Estado supone un giro drástico en la relación entre Washington y la Corte Penal Internacional (CPI). Entre las medidas que plantea figuran la prohibición de entrada a Estados Unidos para el personal de la CPI, el endurecimiento de sanciones contra sus integrantes y organizaciones afiliadas, y una campaña diplomática para presionar a aliados a que rechacen públicamente las iniciativas del tribunal. Según el plan, la Administración Trump movilizará a embajadores y altos funcionarios extranjeros para señalar, a juicio de Washington, los “abusos de la CPI” y urgir a esos países a retirarse del organismo. Además, se promete un mayor escrutinio sobre las naciones que se niegan a repudiar la autoridad del tribunal, aun cuando dependen de la asistencia estadounidense. El senador Marco Rubio criticó duramente a la Corte: la calificó de intentar convertirse en “un árbitro global sin rendición de cuentas”. En una columna del diario The Wall Street Journal adelantó que, con la colaboración de aliados, Estados Unidos buscará desmantelar la CPI, “paso a paso, si es necesario”. Los anuncios plantean varias preguntas internacionales y jurídicas. La CPI —creada para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio— depende en buena medida de apoyo diplomático y financiero externos para ejercer su mandato. La escalada propuesta por Washington no solo obliga a reconsiderar la protección jurídica de funcionarios y víctimas, sino que también tensiona el sistema multilateral existente y las alianzas estratégicas en regiones donde Estados Unidos ejerce influencia. En el terreno práctico, las sanciones y la exclusión de personal podrían limitar el trabajo de investigación y cooperación de la Corte en territorios sensibles. Por otra parte, presionar a aliados para que se aparten de la CPI podría fragmentar la respuesta internacional a violaciones graves del derecho humanitario y complicar los mecanismos de rendición de cuentas a nivel global. Queda por ver cómo reaccionarán los socios tradicionales de Washington —algunos de los cuales disfrutan de la protección militar estadounidense— y qué medidas concretas adoptará la CPI para proteger su operativa y credibilidad frente a una ofensiva diplomática y económica de esta magnitud. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
