Buenos Aires, 28 julio (NA) — La Central Hidroeléctrica Futaleufú quedó en el centro de una disputa política, institucional y empresarial a partir de las definiciones pendientes sobre el futuro de su concesión. El vencimiento del contrato original, las prórrogas operativas dispuestas por la Secretaría de Energía y el interés atribuido al Grupo Neuss, a través de Edison Energía, para participar en una futura gestión del complejo reactivaron el debate sobre el control de uno de los activos estratégicos del sistema eléctrico argentino. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el escenario combina expectativas empresariales, reclamos provinciales y un proceso que todavía carece de definiciones oficiales respecto de la modalidad de una eventual licitación. Con una potencia instalada de 472 megavatios y una generación promedio anual cercana a los 2.500 gigavatios hora, la represa ocupa un lugar central dentro del Sistema Argentino de Interconexión. Su producción abastece tanto al sistema eléctrico nacional como a la planta industrial de Aluar en Puerto Madryn, una de las principales consumidoras de energía del país. Esa doble función convierte cualquier decisión sobre la concesión en un asunto de impacto económico, industrial y energético. El tema volvió a instalarse en la agenda pública luego de la difusión de un informe televisivo titulado “Futaleufú: el negocio detrás de la Represa”, que vinculó al Grupo Neuss con un eventual interés en administrar el complejo mediante Edison Energía una vez que finalice el esquema de prórrogas vigente. El informe también hizo referencia a presuntos mecanismos que podrían favorecer a determinados actores en una futura compulsa, una situación que despertó cautela entre especialistas y operadores del mercado energético. Hasta el momento no existe una definición oficial sobre el cronograma definitivo del proceso licitatorio ni sobre las condiciones que regirán la futura administración de la central. Sin embargo, distintas fuentes del sector coinciden en que el resultado de esa decisión tendrá efectos sobre la estructura de generación eléctrica del sur argentino y sobre el equilibrio entre participación pública y privada en la operación de grandes centrales hidroeléctricas. Dentro de ese escenario aparece Edison Energía como el vehículo inversor mencionado para una eventual participación en la administración del complejo. El interés atribuido a esa compañía se conoce mientras continúan vigentes las prórrogas que permiten mantener la operación de la represa sin interrupciones, a la espera de una resolución definitiva por parte de las autoridades nacionales. En paralelo, el Gobierno de Chubut reforzó su posición respecto del futuro de la central. La administración provincial sostiene que cualquier modificación del esquema concesionado debe contemplar una participación activa de la provincia en la fiscalización del emprendimiento, en la determinación del canon por el uso del recurso hídrico y en una actualización del régimen de regalías asociado a la generación eléctrica. El planteo provincial encuentra sustento en la interpretación de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. Desde esa perspectiva, Chubut entiende que una eventual licitación impulsada únicamente por el Estado nacional podría generar cuestionamientos institucionales si no existe un acuerdo previo con la jurisdicción donde se encuentra emplazada la represa. La discusión no se limita al plano político. También incorpora aspectos jurídicos que podrían derivar en nuevas controversias si avanzara un proceso de concesión sin consenso entre ambas partes. La provincia sostiene su postura tanto en el plano institucional como mediante distintas herramientas judiciales, con el objetivo de preservar su participación en las decisiones vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos. Para el sistema energético argentino, la importancia de Futaleufú trasciende el ámbito provincial. La central representa una fuente relevante de generación renovable y cumple un papel estratégico para garantizar el abastecimiento eléctrico en distintos puntos del país. Además, su vinculación histórica con la actividad industrial de Aluar convierte cualquier modificación de su esquema operativo en un asunto de interés para el sector productivo. Especialistas del mercado energético señalan que la futura licitación podría transformarse en un antecedente para otros complejos hidroeléctricos cuyas concesiones también atraviesan procesos de revisión. El resultado de esa experiencia serviría como referencia para definir el equilibrio entre las competencias de la Nación y las provincias en la administración de infraestructuras consideradas estratégicas. La incertidumbre regulatoria también representa un factor de análisis para potenciales inversores. Empresas interesadas en participar en futuros procesos observan con atención la evolución del conflicto institucional y esperan reglas claras respecto del marco regulatorio, la duración de las concesiones, el régimen tarifario y las obligaciones de inversión que podrían exigirse a los futuros operadores. Otro de los aspectos que concentra la atención del sector es la necesidad de preservar la continuidad operativa de una infraestructura considerada crítica para el abastecimiento energético. Las prórrogas vigentes permitieron sostener el funcionamiento del complejo mientras continúan las discusiones sobre el modelo de administración, aunque distintos actores coinciden en que la definición de un esquema estable aportaría previsibilidad tanto para el Estado como para el mercado. En ese contexto, el futuro de la Central Hidroeléctrica Futaleufú quedó asociado a una discusión que excede el cambio de concesionario. El proceso involucra la relación entre el Estado nacional y las provincias, la participación del capital privado en activos estratégicos, la seguridad jurídica para nuevas inversiones y la administración de recursos naturales considerados esenciales para el desarrollo energético argentino. La evolución de las negociaciones y las decisiones que adopten la Secretaría de Energía, el Gobierno de Chubut y los restantes actores involucrados marcarán el rumbo de una licitación que podría redefinir el mapa de generación eléctrica del sur del país y establecer un precedente para futuras concesiones hidroeléctricas. Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
