Buenos Aires, 19 agosto (NA) – El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, avanzó con una reforma parcial de la Constitución que eliminaría las elecciones legislativas de medio término y prorrogaría hasta 2031 los mandatos de diputados y senadores elegidos en 2025, sin que se haya difundido un costo máximo para la Convención Constituyente. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Senado provincial emitió despacho el lunes 17 para tratar la declaración de necesidad de la reforma. El proyecto requiere una mayoría agravada: seis votos sobre nueve en la Cámara alta y 29 sobre 43 en Diputados. El dictamen habilita el debate, pero todavía no modifica la Constitución ni extiende ningún mandato. El punto más controvertido es una cláusula transitoria destinada a sincronizar las elecciones legislativas con las de gobernador. Los representantes elegidos en 2025 recibieron un mandato de cuatro años, con vencimiento en 2029. Si la reforma avanza con el texto actual, permanecerán dos años adicionales y ambas cámaras recién volverán a renovarse completamente en 2031. La modificación beneficia de manera directa a quienes deben votar la declaración de necesidad y luego podrían conservar sus bancas por más tiempo. El sector Identidad Radical, una fracción interna de la UCR puntana, calificó la prórroga como una vulneración de la soberanía popular y sostuvo que los legisladores no deberían alterar en su propio favor el plazo por el que fueron elegidos. Esa objeción es política y jurídica, pero todavía no existe un fallo que declare inconstitucional el proyecto. La defensa oficial sostiene que la extensión es una consecuencia transitoria necesaria para terminar con las elecciones intermedias, reducir la frecuencia electoral y renovar en una misma fecha al Ejecutivo y a las dos cámaras. La reforma también alcanza al propio Poggi. El texto limitaría a dos los mandatos de gobernador y computaría el período 2023-2027 como el primero. Eso le permitiría presentarse a la reelección en 2027 y, si ganara, completar un segundo mandato hasta 2031. El vicegobernador Ricardo Endeiza presentó esa cláusula como una autolimitación definitiva y negó que se trate de una ventaja personal. El Partido Justicialista rechazó el Despacho 27-HCS-2026 y pidió archivar la iniciativa o devolverla a comisión. Cuestionó que no se hayan realizado audiencias públicas provinciales, consultas en los nueve departamentos ni mesas sectoriales abiertas antes de avanzar sobre la organización de los poderes, los mandatos y el régimen electoral. La futura Convención estaría integrada por 52 miembros, la misma cantidad que la Legislatura, y sería elegida en la próxima elección general. Tendría 60 días para sesionar, con una prórroga posible de otros 30. El proyecto ordena al Ejecutivo asignar las partidas necesarias para su funcionamiento, pero no fija un tope ni incorpora una estimación pública del gasto total. El justicialismo incorporó el costo al cuestionamiento y señaló que la Provincia atraviesa otras urgencias. En su documento citó una pobreza del 30,1 por ciento y una indigencia del 3,4 por ciento en el Gran San Luis durante el segundo semestre de 2025, además de una caída cercana al 6,8 por ciento del empleo privado formal desde fines de 2023, equivalente a más de 3.500 puestos. Esas cifras fueron utilizadas por la oposición para discutir prioridades y no constituyen por sí mismas una impugnación legal de la reforma. Entre los restantes cambios se propone ampliar las sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre, incorporar el balotaje para gobernador, reconocer el agua como derecho humano, sumar garantías vinculadas con datos personales e inteligencia artificial y fijar un límite de 75 años para jueces y otros funcionarios. El proyecto mantendría un senador por departamento y daría a la Cámara alta una intervención mayor en designaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. La combinación de más atribuciones, renovación total cada cuatro años y eliminación de las elecciones intermedias es otro eje de la crítica radical, que advirtió sobre una mayor concentración de poder en torno al Ejecutivo. La Convención solo podría tratar los asuntos expresamente habilitados por la ley que apruebe la Legislatura. Esa restricción impide, en principio, modificar cualquier artículo por fuera del temario. Sin embargo, la amplitud de los temas incluidos obliga al oficialismo a detallar el alcance de cada cambio antes de reunir los dos tercios exigidos. No está probado que Poggi busque perpetuarse ni que la prórroga sea inválida. Sí está escrito que los mandatos electos por cuatro años podrían durar seis, que el gobernador conservaría la opción de competir en 2027 y que el Estado financiaría una convención de 52 integrantes sin un presupuesto máximo informado hasta el momento.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
