Buenos Aires, 29 agosto (NA) – La disputa por la competencia judicial en la causa de la mansión de Pilar —valuada en USD 20 millones y vinculada a una presunta maniobra de lavado de activos que podría involucrar a dirigentes de la AFA— entró en una fase decisiva. El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentará este lunes un recurso extraordinario federal para intentar revertir el traslado del expediente a la Justicia Federal de Campana, una decisión que considera “arbitraria” y que, de ser confirmada, dejaría la investigación en manos del juez Adrián González Charvay, el magistrado preferido por las defensas. El caso, que comenzó como una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión en el barrio privado Pilar del Este, se transformó en un expediente complejo que involucra sociedades comerciales, financieras porteñas, estudios jurídicos y un circuito de dinero que, según la hipótesis fiscal, podría tener ramificaciones en contratos y operaciones vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque no hay imputaciones directas contra dirigentes, el expediente menciona movimientos financieros que, para los investigadores, ameritan profundizar esa línea. Villar sostiene que la resolución que ordenó el traslado del caso a Campana no analizó correctamente la competencia territorial, sino que se basó únicamente en la competencia material, al considerar que el lavado de activos es un delito federal. Para el fiscal, ese criterio debería haber llevado el expediente nuevamente al juzgado federal de Daniel Rafecas, en Comodoro Py, quien ya había intervenido en etapas previas. “Si es federal, debe volver a Py”, repiten en su entorno. La defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, presuntos testaferros y titulares de Real Central SRL, celebró el traslado a Campana. Argumentan que la competencia territorial debe determinarse por el lugar donde se encuentra la propiedad investigada. Villar, en cambio, sostiene que el foco debe estar en cómo se generó el dinero que permitió la compra, y no en la ubicación del inmueble. Según su planteo, el circuito financiero bajo análisis se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. En su presentación previa, el fiscal enumeró una serie de puntos que, según la hipótesis investigada, forman parte del circuito de fondos: financieras de la avenida Corrientes, un estudio jurídico en Lavalle vinculado a Juan Pablo Beacon, operaciones de Recomi SA, y un domicilio en Montevideo y Quintana donde se habría entregado efectivo. También destacó que la escritura de compraventa se firmó en un domicilio porteño y que la sede social de Real Central SRL —y de su antecesora, Central Park Drinks SRL— está radicada en la Ciudad. El nuevo recurso de Villar también cuestionará una supuesta contradicción de la Cámara de Casación. En mayo, el tribunal había advertido que no correspondía apartar a la jueza en lo Penal Económico María Eugenia Straccia, y que abrir una contienda de competencia atentaba contra la celeridad procesal. Ahora, en cambio, el expediente fue enviado a Campana. Para el fiscal, ese giro constituye otro elemento que demuestra la “arbitrariedad” de la resolución. Uno de los jueces de Casación, Mariano Borinsky, rechazó que haya cambiado su postura. Explicó que en su primera intervención no habilitó la discusión porque entendía que se trataba de una cuestión de trámite sin entidad federal. En la segunda, en cambio, se planteó un debate constitucional sobre el juez natural de la causa. “El delito de lavado de dinero, cuando solo se investiga ese posible delito, es federal”, afirmó. Según Borinsky, la Sala sostuvo por unanimidad que el caso debía pasar a la Justicia Federal. Respecto de por qué el expediente no volvió a Rafecas, Borinsky argumentó que las cuestiones de competencia se dirimen entre dos opciones concretas: “Rafecas nunca reclamó el caso”, señaló. Por eso, la Cámara Federal de San Martín derivó el expediente al juzgado de Campana. El recurso extraordinario que Villar presentará deberá ser evaluado primero por la propia Cámara de Casación. Si el tribunal lo admite, la causa quedará frenada hasta que se resuelva la competencia. Si lo rechaza, el fiscal acudirá en queja ante la Corte Suprema. En ese escenario, el máximo tribunal podría intervenir, aunque sin plazos definidos. Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
