Buenos Aires, 30 agosto (NA) — Los sistemas electorales que se utilizan para elegir asambleas populares, como parlamentos, legislaturas, cámaras de diputados o de representantes, pueden presentar dos problemas principales que distorsionan la representación: el gerrymandering y el malapportionment. Se denomina gerrymandering a la práctica de diseñar o modificar los distritos electorales de manera arbitraria con el propósito de tergiversar las preferencias ciudadanas. Esta práctica es muy antigua y apareció prácticamente con las primeras cámaras parlamentarias que elegían a sus miembros mediante distritos uninominales, es decir, aquellos en los que resulta electo el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos. El nombre proviene de una reforma que realizó en 1812 el entonces gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, para beneficiar a su partido mediante un peculiar rediseño de los distritos electorales. Un caricaturista de la época, al observar que uno de los nuevos distritos tenía forma de salamandra (salamander, en inglés), publicó un dibujo con el nombre de “Gerry-Mander”. La expresión se popularizó y ha llegado hasta nuestros días. Si bien este tema tiene absoluta actualidad en los Estados Unidos, donde se está dando una verdadera guerra de rediseños de distritos entre republicanos y demócratas para beneficiarse en las elecciones de noviembre, no resulta demasiado relevante en nuestro país. Esto se debe a que elegimos a nuestros diputados nacionales —y a buena parte de los legisladores provinciales— en distritos cuyos límites son fijos y no pueden modificarse con fines electorales. En la elección de la Cámara de Diputados de la Nación, los distritos electorales son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el malapportionment, o “malaproporcionamiento”, es un fenómeno diferente. El término hace referencia a la distribución desigual de escaños entre distritos electorales en relación con su población. Como consecuencia, los ciudadanos de algunos distritos tienen un peso representativo mayor que los de otros. Este es un problema que sí existe actualmente en nuestro país y que afecta de manera significativa el funcionamiento del sistema electoral, tanto porque contradice uno de los principios básicos de la democracia —que los votos deben tener un valor semejante—, como porque entra en tensión con el propio texto constitucional. Nuestra Constitución establece claramente que: “El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado” (CN, art. 45). Es decir que el número de diputados electos por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe guardar relación con la población de cada distrito. Tullio destacó la decisión de la Justicia electoral: «Las legislativas son autónomas unas de otras» Sin embargo, una ley sancionada durante la última dictadura militar que continúa vigente, la Ley 22.847, estableció un mínimo de cinco diputados por distrito, generando un efecto de desproporcionalidad electoral muy notorio. Este efecto se incrementa por la falta de actualización de la representación de acuerdo con los sucesivos censos, tal como establece la Constitución. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires elige 70 diputados y tiene aproximadamente 17,5 millones de habitantes, lo que representa alrededor de 250.000 habitantes por diputado. Tierra del Fuego, en cambio, con aproximadamente 186.000 habitantes, elige cinco diputados: unos 37.000 habitantes por diputado. En términos estrictamente representativos, esto significa que el voto de un fueguino “vale” alrededor de 6,7 veces más que el de un bonaerense. Otra provincia claramente perjudicada es Córdoba. Según el último censo, tiene alrededor de 3,84 millones de habitantes, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con aproximadamente 3,12 millones. Córdoba tiene, por lo tanto, más de 700.000 habitantes adicionales. Sin embargo, CABA elige 25 diputados y Córdoba solamente 18. De esta manera, el peso representativo de un habitante de la Ciudad de Buenos Aires es aproximadamente el doble del de un bonaerense y considerablemente superior al de un cordobés. Nuestro sistema bicameral establece dos principios diferentes de representación. Diputados es una cámara de representación poblacional, mientras que el Senado introduce deliberadamente el principio territorial: todas las provincias tienen la misma cantidad de representantes en esa cámara, independientemente de su población. Pero en la Cámara de Diputados se fueron superponiendo dos fuentes diferentes de malapportionment: por un lado, el piso mínimo de cinco diputados por distrito; por otro, la falta de actualización del número de bancas para reflejar los cambios poblacionales registrados por los sucesivos censos. Hace veinticinco años publiqué, junto con mi colega Ernesto Calvo, el libro “El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina”, uno de los primeros trabajos dedicados sistemáticamente al análisis de este problema. En aquellos años pensábamos que este malapportionment seguramente se corregiría una vez que la Justicia señalara lo absurdo y arbitrario de esa distribución de las bancas. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral se ha pronunciado en ese sentido en distintas oportunidades, reconociendo la existencia del mandato constitucional e instando al Congreso a cumplirlo, pero nada ha ocurrido. La Justicia ha actuado correctamente al encomendar al Congreso que corrija esta situación sin pretender solucionarla por sí misma, porque hacerlo implicaría avanzar sobre atribuciones propias del Poder Legislativo y, por lo tanto, afectar el principio republicano de división de poderes. Ahora bien, ¿por qué el Congreso y los propios partidos políticos no han podido solucionar esta anomalía evidente? Porque las dos maneras más directas de hacerlo enfrentan enormes dificultades. Supongamos que se decide cumplir con el mandato constitucional y asignar las bancas tomando en cuenta la población registrada por el último censo nacional. Una de las formas de hacerlo sería quitarles a las provincias sobrerrepresentadas parte de sus bancas y repartirlas entre las subrepresentadas. En ese caso, habría que esperar que los legisladores de las provincias que perderían representación acompañaran con su voto esa medida, lo cual obviamente resulta poco realista. La otra alternativa sería aumentar el número total de bancas de la Cámara para acercar la representación al peso poblacional de cada provincia sin quitarle bancas a ninguna. Sin embargo, si se tomara como base la provincia que actualmente tiene menos habitantes por diputado, Tierra del Fuego, la Cámara debería contar con alrededor de 1.236 miembros, lo cual resulta evidentemente absurdo. Existen, por supuesto, opciones intermedias que, si bien no solucionarían por completo el malapportionment, permitirían moderarlo considerablemente y acercar la distribución de las bancas al principio poblacional establecido por nuestra Constitución. Una posibilidad sería aumentar la Cámara de los actuales 257 miembros a unos 350 o 400, asignando las nuevas bancas prioritariamente a las provincias actualmente más subrepresentadas y garantizando que ninguna jurisdicción pierda las que ya posee. De todas maneras, también parece poco realista suponer que, en las actuales circunstancias, un partido político esté dispuesto a pagar ante la ciudadanía el costo político que supondría impulsar un aumento significativo del número de diputados nacionales. Para finalizar, podemos sostener que el problema existe y que debería solucionarse. Pero también debemos reconocer que hacerlo no es sencillo y que, al igual que otros importantes problemas que presenta nuestro sistema político —como el régimen de coparticipación federal o las mayorías requeridas para la designación de diversos cargos institucionales—, su resolución exige un nivel de acuerdos y consensos del que, lamentablemente, hoy estamos muy lejos. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
