La Ministra de Educación, Marcela Mosqueda, se refirió al reclamo de un grupo de padres de Escuelas de Gestión Privada como el colegio María Auxiliadora, sobre la noticia de un incremento en la cuota para 2020 del 50 por ciento debido a la abultada deuda que el Gobierno del Chaco mantiene con el sector.
En diálogo radial con Julio Wajcman la funcionaria aclaró que debería haber un marco legal para limitar los incrementos «como ocurre en Corrientes donde las escuelas subvencionadas que cobran más de 2 mil pesos reciben sólo el 50 por ciento de la subvención.»
«Habría que elaborar un proyecto de Ley, en el que no avanzamos para no entrar en conflicto con las escuelas de gestión privada y que será algo que quedará para el próximo Ministro.»
Cabe recordar que las UEGP vienen reclamando un importante atraso en la transferencia de aportes asegurando que los docentes se encuentran hace 7 meses sin obra social, sin ART y sin aportes jubilatorios y que la deuda en algunos colegios como Don Bosco y San Roque asciende a 5 millones de pesos.
la Ministra reconoció que «hay un retraso en el depósito de lo correspondiente a las ART y que, cuando nos habíamos sentado a la mesa era de cuatro meses, por lo que acordamos mantenerlo, pero el presupuesto provincial no nos permitió sostener y esta en cinco meses.»
Es que en el mes de marzo la ministra había convocado a las 232 escuelas des gestión privada donde comunicó a los medios que «desde septiembre de 2018 se cumplía con el compromiso de depositar los fondos los días 15» y que «de manera progresiva se poniendo al día con los aportes patronales.»
Marco Legal
En aquella reunión Mosqueda les informó que preveía conformar una mesa de trabajo con los representantes legales de la UEPGP, subvencionadas por el Estado y que no cobran cuota, que son las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), con el objetivo de consensuar la elaboración de un instrumento legal para que estas instituciones puedan recibir ayuda del Gobierno, como ser mobiliarios, libros, entre otros elementos que actualmente no pueden recibir por pertenecer a esta modalidad educativa.
Asimismo luego se continuaría con la reglamentación de las instituciones públicas de gestión privada que sí cobran cuotas, que tienen la misma situación, para que puedan recibir ayuda estatal.”
