Buenos Aires, 3 septiembre (NA) – La gestión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, abrió un nuevo frente con la docencia después de que la Asociación de Maestros y Profesores denunciara descuentos de entre $300.000 y $400.000 en los haberes de trabajadores con dos cargos que participaron de medidas de fuerza. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los recibos correspondientes a agosto quedaron disponibles durante la madrugada del 2 de septiembre. El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, afirmó que el gremio comenzó a recibir decenas de comprobantes con la quita del Incentivo Provincial para la Enseñanza y envió cartas documento al Ministerio de Educación. El sindicato habló públicamente de más de treinta docentes afectados, aunque su titular precisó que en la presentación inicial fueron incorporados entre 20 y 30 casos. Esa diferencia obliga a distinguir la cantidad total denunciada del número de recibos incluidos en la primera intimación administrativa. De Leonardi explicó que el IPE representa alrededor de $160.000 por cargo. En el caso de quienes acumulan dos puestos, la pérdida del adicional puede ubicarse entre $300.000 y $400.000. También sostuvo que el salario básico docente es de $348.581, por lo que la quita absorbe una porción determinante del ingreso mensual. La calificación de los descuentos como “arbitrarios”, “extorsivos” o una represalia pertenece al gremio. Hasta el momento no existe una sentencia judicial ni una resolución administrativa que haya invalidado las liquidaciones. El Gobierno provincial había diseñado el IPE como un incentivo ligado a la presencia frente al aula, con límites de inasistencias para conservar el pago. Ese mecanismo ya era el núcleo del conflicto antes del paro del 1 de septiembre. AMP lo denomina “presentismo encubierto” y sostiene que la pérdida total del adicional puede activarse al superar dos faltas, incluso ante enfermedad, atención de familiares o duelo. El sindicato reclama que el monto sea incorporado al básico para que deje de depender de esa condición. La Provincia confirmó a fines de 2025 la continuidad del incentivo durante todo 2026 y lo presentó como una medida para sostener el salario docente frente al retiro de fondos nacionales. La decisión actual muestra el reverso del esquema: una suma anunciada como refuerzo se transforma en una reducción abrupta cuando el trabajador queda fuera de los requisitos de asistencia. El impacto político sobre Quintela no nace sólo del conflicto salarial. De acuerdo con De Leonardi, el temor a perder el IPE redujo la adhesión a la última huelga respecto de la anterior. Esa afirmación también corresponde a la conducción sindical, pero describe un efecto concreto sobre el ejercicio de la protesta y explica por qué AMP decidió judicializar los descuentos. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
