Buenos Aires, 28 septiembre (NA) — El incumplimiento de las metas macroeconómicas proyectadas para 2027 activará un mecanismo de recorte directo sobre el gasto público y profundizará la baja de recursos para los distritos provinciales, en un esquema oficial donde «el equilibrio no tiene margen». La iniciativa enviada al Congreso fija el equilibrio fiscal como base y dispone que, si la economía crece menos de 4% o la recaudación no alcanza el objetivo, el ajuste recaerá de manera automática sobre las partidas del Estado durante el ejercicio fiscal. El impacto de un desvío en los ingresos tributarios afectará la ejecución general porque el resultado financiero positivo previsto para la Administración Nacional es de apenas 0,25 billones: el 1,6%, surgido de un superávit primario de $15,36 billones frente a intereses de deuda por $15,11 billones. La pauta oficial exige que la recaudación tiene que pasar de caer a crecer a un ritmo del 5,6%» real en 2027, luego de registrar un descenso del 3,8% real a agosto» de 2026. Al no contar con los $25,5 billones de ingresos por única vez obtenidos en 2026 por utilidades del Banco Central y venta de hidroeléctricas, cualquier caída en los ingresos obligará a profundizar el ajuste. De acuerdo con el informe técnico de la consultora Zentrix –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, las principales consecuencias de una menor recaudación recaerán sobre las provincias, debido a que la coparticipación crecerá 7% real si se cumple la recaudación, pero si no se cumple, el ajuste les llegará automáticamente. El análisis advierte que esta situación profundizará la retracción nacional en las jurisdicciones, donde las transferencias para obras se reducen un 20,1% real y, sobre un total de 2.339 proyectos, 1.683 fueron dadas de baja y 457 pasaron a provincias y municipios, ofreciendo en su lugar la alternativa de que los estados locales emitan deuda para sostener la infraestructura. En el plano de los servicios públicos, un desfasaje en las metas fiscales forzará una mayor aceleración en la quita de subsidios energéticos, rubro que prevé una caída del 16,8% real en 2027. La medición de la firma indica que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los hogares del AMBA pagan el 55% del costo y el Estado el 45%, de modo que «cumplir el recorte exige tarifas por encima de la inflación, menores costos o menos usuarios subsidiados», con la salvedad de que «el proyecto no dice cuál» será el instrumento aplicado. Esta presión se intensifica porque «dos tercios del gasto están comprometidos por reglas de indexación automáticas, dado que «el 68,6% es jubilaciones, salarios e intereses», lo que restringe el margen de ajuste al tercio flexible restante. Ante dicha rigidez, las reasignaciones presupuestarias se concentrarán en las Obligaciones del Tesoro, caja que asciende a $14,8 billones y contiene $7,68 billones sin destino definido, en paralelo a modificaciones normativas que alteran la contención social y educativa. El reporte de Zentrix enfatiza la fragilidad de estos supuestos al recordar que el presupuesto 2026 «se aprobó con 10,1% de inflación y 5% de crecimiento» pero terminó revisado en «29% y un 3%», mientras que factores imprevistos como una «sequía restarían entre 1,5 y 3,1 puntos de crecimiento» al PBI. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
