Buenos Aires, 10 octubre (NA) — Pese a que el nuevo fallo de la Corte Suprema que repuso la vigencia de la Ley de Tierras alejó la perspectiva del quórum propio, la oposición sostiene la decisión de sesionar el próximo jueves aunque sepa de antemano que los números no cierran. En el entramado opositor reconocen que con el fallo del máximo tribunal se diluye en cierta medida el núcleo de la convocatoria, que era tirar abajo el mega decreto desregulatorio, y que ahora deberán hacer más foco en los otros dos temas (Discapacidad y Sobreendeudamiento familiar) que son muy sensibles socialmente y que fueron estratégicamente incluidos en la convocatoria como anzuelo para seducir a los dialoguistas. No obstante, reafirman que el DNU 70/23 que buscan rechazar es anticonstitucional y no van a especular: morirán con las botas puestas en el recinto. Esta postura es la que unifica a Unión por la Patria, buena parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los misioneros de Argentina Federal, es decir, los mismos sectores que pusieron la firma para el pedido de sesión. En el peor de los casos, buscarán que actúe el «principio de revelación»: que queden nítidamente identificados quiénes son los diputados que al no dar quórum se estarán definiendo en contra de la soberanía territorial del país y a favor de la extranjerización. «La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso», esgrimió el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano en su cuenta de la red social X. LA JUGADA DEL OFICIALISMO Y EL AUXILIO DE LA CORTE Los bloques de la oposición real venían remando a contracorriente para acercarse a los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, y si bien el objetivo era de por sí complicado, en las horas previas a que saliera la resolución de la Corte se generó un efecto dominó con legisladores de bancadas dialoguistas que empezaron a confirmar su participación. El fallo de la Corte les corrió el arco. Al restituirse la vigencia de la Ley de Tierras, los sectores dialoguistas (en su mayor parte aliados del oficialismo) ya no encuentran los mismos incentivos para bajar al recinto el 15 de octubre a dar quórum para rechazar el decreto 70/23. Algunos de ellos encontraron la excusa perfecta para bajarse, una vía de escape. El temario de la sesión también comprende otros dos temas de sumo interés para estas fuerzas políticas como la ley de discapacidad y la iniciativa que busca dar respuestas al problema del sobreendeudamiento familiar. Si bien en los papeles la inclusión de estos proyectos de interés transversal debería alcanzar para garantizar el quórum, el oficialismo formalizó el pedido de sesión especial el miércoles 21 de octubre al mediodía en base a un temario que incluye estos dos temas junto con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reintroducirá en su articulado una versión atenuada de la Ley de Tierras. Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá el miércoles que viene para firmar dictamen en un trámite ultra exprés, incorporando buena parte del marco jurídico de la ley de Tierras dentro de la ley de Propiedad Privada, que obtuvo media sanción hace dos meses en el Senado. Esta jugada no le estaba alcanzando al oficialismo para quedarse tranquilo en cuanto al blindaje del DNU 70/23, que compromete un sinfín de intereses económicos que exceden largamente la cuestión de la extranjerización de las tierras. El megadecreto desregulatorio también derogó la Ley de Alquileres, desmontó el sistema de control de precios sobre empresas de medicina prepaga y sobre empresas de telecomunicaciones, eliminó topes en los punitorios que cobran las tarjetas de crédito a los usuarios, eliminó las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Nacional, y consagró la política de cielos abiertos en el transporte aéreo. Con la oposición pisándole los talones, al Gobierno no le quedó más remedio que acudir al auxilio de la Corte Suprema, que con un timing preciso y oportuno volvió sobre sus propios pasos y concedió una cautelar que permitió reponer de manera provisoria la vigencia de la Ley de Tierras. Irónicamente, el mismo Gobierno que había buscado obsesivamente eliminar los límites de la Ley de Tierras desde el minuto cero de la gestión, respiró aliviado por el nuevo fallo de la Corte. Se consumó el mal menor. Si el máximo tribunal, al decir de sus críticos, no «reculaba en chancletas», la oposición podía llevarse puesto todo el DNU 70, considerado por los libertarios la piedra basal del modelo económico. Eso se hubiera sentido como una catástrofe. «GUERRA DE SESIONES» A LA VISTA La oposición es consciente que no le está dando la nafta para juntar quórum el jueves que viene pero se prepara para dar batalla la semana siguiente, en lo que empieza a asomar como una «guerra de sesiones». Según supo la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, una alternativa que está siendo analizada muy seriamente por la oposición es la de hacer un nuevo pedido de sesión para el 21 de octubre, es decir, en la misma fecha a la que convocó el oficialismo para abrir el recinto, pero una o dos horas antes. «¿Por qué ir a una sesión libertaria que encima va a tener como plato fuerte el proyecto de Malvinas que taparía Discapacidad y Deudas familiares? ¿Ni siquiera escuchamos al canciller (Pablo) Quirno ni al ministro de Defensa (Carlos Presti) y nos quieren llevar a una sesión para tratar ese tema?», remarcaron fuentes de la oposición consultadas por la Agencia NA. En medio de esa «guerra de sesiones», la presión se trasladará a los bloques dialoguistas de Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia (Tucumán), que deberán elegir muy bien cuándo bajar al recinto y qué temario habilitar. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
