Buenos Aires, 29 octubre (NA) — La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto para regular las agencias de cobro extrajudicial ante la problemática de deudas imposibles de pagar, con el objetivo de colocar un freno a los abusos llevados adelante por estas entidades. La iniciativa, presentada por el partido Fuerza Por Buenos Aires encabezado por Leandro Santoro, fue aprobada de manera unánime, según le precisó a la Agencia Noticias Argentinas (NA) el director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, Rodrigo Cilenti. Cuando el proyecto fue presentado, no fue apoyado por La Libertad Avanza, según le había indicado en ese entonces Cilenti a NA y por lo tanto, al ser consultado por el cambio del oficialismo, explicó: «La verdad es que nosotros charlamos mucho con todos los bloques, sobre todo con el PRO, pero también con La Libertad Avanza, y creo que fuimos intentando construir una ley que, desde la experiencia que nos dio la audiencia pública, contuviera y le diera herramientas concretas al Estado para poder regular la actividad». Por lo tanto, «creo que ellos quedaron un poco encerrados de esa situación». No obstante, aclaró que La Libertad Avanza «votó en general a favor, y en particular, la incorporación de habilitaciones, de abogados que pongan en juego su matrícula y de pautas para refinanciar las deudas fueron los tres artículos en los que votó en contra». PUNTOS CENTRALES DE LA NORMATIVA Según un comunicado, al que accedió Noticias Argentinas, estas son las cuestiones principales que aborda la normativa. -Las agencias de cobranza van a tener que tener una habilitación: para operar en CABA, las agencias de cobranza deberán estar habilitadas por la Ciudad. Los bancos y financieras no podrán venderle carteras de deuda a agencias no autorizadas. Si trabajan mal se les impedirá trabajar. -Cada agencia o departamento de cobranza (bancos o comercios) deberá tener un abogado matriculado a cargo. Si cometen abusos o amenazan, se los denuncia directamente en el Colegio de la Abogacía y arriesgan su matrícula. – No podrán contactar al deudor/a más de una vez por día y máximo dos veces por semana. Si ya atendió, no pueden volver a llamarlo en todo el día. – Si se contactan mediante un contestador automático o un bot, están obligados a avisárselo de entrada a la persona y a darle siempre la opción de hablar con un ser humano. – Queda terminantemente prohibido amenazar con ir preso, inventar embargos sin orden judicial o asustar con quitar jubilaciones o planes sociales. – El acoso a jubilados, pensionados o personas con discapacidad será castigado con multas mucho más severas.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
