Las idas y vueltas en la situación procesal de la exintendente Aída Ayala sumaron un nuevo capítulo casi definitivo con la confirmación de su procesamiento y pedido de prisión preventiva por parte de la Cámara Federal de Apelaciones. Ante la noticia que se empezó al filtrar al mediodía la exsubsecretaria de Asuntos Municipales de Macri reconoció en un comunicado de prensa que pedirá su desafuero no obstante «los Jueces no pudieron acreditar su me beneficié patrimonialmente o si tengo alguna venculación concreta con las empresas intervinientes.»
La Diputada Nacional fue procesada en principio por la jueza federal Zunilda Niremperger a requerimiento del Fiscal Patricio Sabadini por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real‘.
Cuando la causa se hizo noticia Ayala fue vehemente al informar que renunciaba a sus fueros y se presentó voluntariamente ante Niremperger diciendo a todo medio que la escuche: «Quiero saber de que se me acusa». Pero a los pocos días y ante la posibilidad cierta de su detención se abrazó a los fueros argumentando que no son míos sino de
Ayala hizo uso de todos sus derechos de apelación posibles y en julio la Sala IV de Casación Penal le revocó la excención de prisión aunque, amparada en los fueros no pudo ser detenida. Hoy, ante el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones Aída decidió poner su garantía parlamentaria a disposición de sus pares. Es que según la «doctrina Cambiemos» una vez que el máximo órgano de apelación se expide ya es hora de tratar el desafuero, tal como se obró con Julio De Vido.
Pero además, el sostener a Ayala para la coaliciòn gobernante complica su accionar ante las causas que obras contra la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.
Defensa y desafuero. La gacetilla de prensa que la exintendente envió a los medios expresa:
«La Cámara Federal ha confirmado sin ninguna prueba el procesamiento y la prisión preventiva que había dictado la juez de primera instancia, por las supuestas irregularidades en la contratación del alquiler de camiones de residuos en la Ciudad de Resistencia (que actualmente siguen contratados en esta gestión con el mismo instrumento).
El fallo es público y ha sido difundido a través de los medios de comunicación. Considero que no tiene nada que lo sustente. Cualquiera que lo intente puede comprobar si los Jueces pudieron acreditar lo siguiente: 1) si yo me beneficié patrimonialmente; 2) si tengo alguna vinculación concreta, pacto y/o compromiso con las empresas intervinientes (se sostiene que me he valido de Daniel Fischer y la relación más cercana que hemos tenido fue cuando era novio de mi hija hasta el año 2006); 3) si se ha verificado un sobreprecio; 4) si se ha producido un incumplimiento en el servicio.
No hay ninguna prueba en el expediente, repito: ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia.
Entiendo que la sentencia es groseramente arbitraria, no apoyándose en ninguna constancia de la causa. Oportunamente interpondré los recursos que correspondan para que sea modificada.
No obstante, con el propósito de cumplir el compromiso político que me une con la gente que represento y lo que ha sido una práctica en mi vida política, manifiesto públicamente que, solicitaré a mis pares en la Cámara de Diputados de la Nación, que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia.
No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde: los tribunales de justicia.»
