Buenos Aires, 14 junio (NA)– En medio de una prolongada crisis social y política que ya supera el mes de disturbios, dirigentes de organizaciones obreras y campesinas de Bolivia dieron señales de flexibilización y plantearon por primera vez la posibilidad de abrir una negociación con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, dos de los sectores que impulsan los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, manifestaron su intención de elaborar una agenda de trabajo que podría dar paso a un proceso de diálogo. Hasta ahora, ambas organizaciones exigían la renuncia del jefe de Estado. El dirigente campesino David Mamani señaló que la propuesta será sometida a consulta de las bases, que definirán si se avanza hacia una mesa de negociación o se mantienen las medidas de presión. “Las organizaciones sociales sentimos el desgaste y el cansancio”, admitió, al tiempo que condicionó cualquier acercamiento a la elaboración de una agenda nacional que permita evitar “errores institucionales, jurídicos y políticos”. En la misma línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, remarcó la necesidad de encarar un diálogo “sincero” y con condiciones claras. También exigió que el Gobierno considere las resoluciones adoptadas en cabildos sociales y ponga fin a los procesos judiciales contra manifestantes detenidos durante las protestas. Las declaraciones se producen cuando Bolivia cumple 36 días consecutivos de cortes de rutas en al menos seis de los nueve departamentos, con mayor impacto en La Paz, sede de Gobierno, donde los accesos han sido interrumpidos de forma reiterada. El conflicto generó un fuerte deterioro en la vida cotidiana, con desabastecimiento de alimentos, incremento de precios y dificultades en el transporte por falta de combustible. La crisis también ha dejado episodios de violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivaron en heridos, daños a instituciones públicas y ataques a civiles. PÉRDIDAS MILLONARIAS A nivel económico, los bloqueos provocaron pérdidas estimadas entre 1.600 y 2.000 millones de dólares, afectando principalmente al transporte, la industria y el comercio, según cálculos difundidos por diversas fuentes. En este contexto, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, aliado del Ejecutivo, consideró que la situación podría comenzar a normalizarse en los próximos días, incluso si no se concreta un diálogo inmediato. “La necesidad de la población de retomar sus actividades va a imponer una salida”, afirmó. Hasta el momento, el Gobierno no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta de una agenda de negociación. No obstante, en reiteradas oportunidades ha expresado su disposición a dialogar con sectores que presenten demandas “legítimas”, mientras rechaza negociar con quienes impulsan la renuncia presidencial. En paralelo, el Ejecutivo promovió un proyecto de ley para regular los estados de excepción, con el objetivo de contar con herramientas legales para una eventual intervención militar en el restablecimiento del orden. Mientras tanto, comenzaron a surgir movilizaciones ciudadanas que reclaman la liberación de las rutas y el restablecimiento de la normalidad. Con el incipiente giro de las organizaciones sociales hacia el diálogo, crecen las expectativas de una salida negociada a una crisis que mantiene en vilo al país. Las próximas horas serán clave para definir si se abre una etapa de pacificación o si persiste la confrontación. Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
