Buenos Aires, 14 Julio (NA) — El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ratificó su pedido al Gobierno que dicte un DNU para que permitir la intervención del Ministerio Público en las causas de la Justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires, mientras se completa la transferencia de competencia al distrito porteño, y presentó el informe de gestión del 2025. Casal, los secretarios de la Procuración Juan Manuel Casanovas, y de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, expusieron ante la comisión Bicameral de Control del Ministerio Público -que preside el massista Sebastian Galmarini- donde pidieron un mayor presupuesto al sostener que recibieron recursos por debajo del aumento de la inflación en los últimos dos años. En ese fallo se estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño es la última instancia en las causas tramitadas en la justicia nacional antes de poder llegar a la Corte Suprema de Justicia. Casal informó que que la Procuración solicitó al Poder Ejecutivo el dictado de un DNU que «permita mantener la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires mientras se completa el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña». «Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción», afirmó y destacó que «mientras la situación no se resuelva, la Procuración continuará interponiendo los recursos correspondientes y señaló que el proyecto de DNU se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia». .Galmarini dijo que «el reclamo sobre el fallo Levinas es razonable y urgente, pero creo que lo mejor es que lo resolvamos por ley. Ya estamos trabajando en una solución viable y temporaria hasta que se transfieran todas las competencias». Sobre la situación presupuestaria, Olima Espel advirtió que los recursos del Ministerio «crecieron por debajo de la inflación y señaló una pérdida del 47% en los últimos dos años». Dijo pese a la falta de recursos se avanzó en políticas de «modernización como la digitalización de expedientes, la implementación de un sistema único de gestión para causas penales y no penales, herramientas de cruce de datos para fortalecer la transparencia y la puesta en marcha de un programa destinado a regular el uso de la inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal». En su exposición destacó que por primera vez «se establecieron directrices comunes para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de persecución de la criminalidad organizada» Por su parte, Casanovas se refirió al nuevo sistema acusatorio y señaló que se requiere «una profunda reorganización del organismo para garantizar un servicio de justicia más ágil, transparente y eficiente» Señalo que el Código Procesal Penal Federal «se encuentra implementado en 13 distritos judiciales, que abarcan 18 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires» Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
