Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) — Un juzgado de Bogotá ordenó al presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ocultar de las redes sociales oficiales de la Presidencia de Colombia varias publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares. La medida del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá se refiere a contenidos publicados los días 2 y 4 de septiembre en Instagram y vinculados a dos operaciones de las fuerzas de seguridad colombianas contra grupos armados. La acción fue presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la publicación de las imágenes por considerar que podían afectar derechos fundamentales, particularmente los de los menores de edad. El juzgado no ha establecido todavía que las publicaciones sean ilegales ni ha resuelto de fondo la tutela. Su decisión busca mantenerlas fuera de las redes oficiales mientras analiza si el material puede ser considerado violento o explícito y si su difusión supone una vulneración de derechos. EL PRESIDENTE, ENTRE DECENAS DE CADÁVERES Una de las publicaciones objeto de la orden judicial fue difundida el 2 de septiembre y estaba relacionada con la operación Azarías, desarrollada en el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare. En las imágenes, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen los cuerpos de al menos 23 personas abatidas durante operaciones de las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC. Dos días después, el 4 de septiembre, la Presidencia publicó otro contenido relacionado con la operación Centinela de la Patria, en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. En esa ocasión, el mandatario apareció ante los medios junto a cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas. Entre los fallecidos estaba Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS). La difusión de estas imágenes convirtió la exhibición de los cadáveres en parte de la comunicación pública de las operaciones de seguridad del Gobierno y abrió un debate sobre los límites de la propaganda oficial, el tratamiento de las víctimas y la exposición de contenidos violentos en las redes institucionales. La Presidencia y De la Espriella tienen dos días para ejercer su derecho de defensa. Después, el tribunal deberá pronunciarse sobre las cuestiones planteadas en el proceso. AgenciaNA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
