Buenos Aires, 7 agosto (NA) — El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y cuestionó el argumento territorial utilizado para intentar trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana como «ficción judicial». En una resolución, Amarante sostuvo que es de “público conocimiento” que, pese al cambio de sede social de la AFA a Pilar, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos investigados. Por ese motivo, Amarante calificó como “mera formalidad y ficción jurídica” pretender que la competencia corresponda a los tribunales bonaerenses. Según el magistrado, priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde habrían ocurrido las conductas implica desconocer que los hechos presentan una “total desvinculación” con la jurisdicción de Campana. El conflicto surgió luego de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay reclamara el expediente porteño, donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas. El magistrado bonaerense consideró que existían similitudes con otra causa radicada en su juzgado por presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y emisión de facturas falsas, expediente remitido desde Santiago del Estero. Amarante rechazó el planteo por prematuro y señaló que los actos de ejecución de la maniobra investigada habrían ocurrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa, el conflicto de competencia deberá ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico. Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos. La Cámara confirmó los procesamientos, con embargos de 350 millones de pesos y prohibición de salida del país y Tapia pudo viajar al Mundial con autorización judicial. La mudanza de la sede social a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil, aunque el Estado apeló y el caso podría llegar a la Corte Suprema. Mientras tanto, las causas contra dirigentes de la AFA continúan repartidas entre distintos juzgados. La investigación por una mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de presuntos testaferros ya pasó por cuatro tribunales. La Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el 12 de agosto. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
