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Nacionales

El negocio de los residuos: qué debe controlar el Estado antes de adjudicar y pagar

Última actualización: 6 noviembre, 2026 09:34
6 noviembre, 2026
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5 min de lectura
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Buenos Aires, 6 noviembre (NA) — Qué empresa recibe el contrato, qué antecedentes le corresponden y cómo demuestra que trató los residuos por los que factura son las preguntas atraviesan la investigación sobre Stericycle y el recorrido empresarial de los hermanos Mauro y Gustavo Solari. Stericycle reconoció un esquema de sobornos para obtener o conservar negocios públicos en Argentina, Brasil y México. Por separado, los registros argentinos permiten reconstruir operaciones de Gustavo Gabriel Mauro, Fernando Javier Mauro y Gustavo Osvaldo Solari con sociedades de la estructura local del grupo. El punto de encuentro para los organismos públicos está en los controles: identificar al proveedor, evaluar sus antecedentes y su capacidad técnica, y verificar después que cada prestación se haya realizado en las condiciones contratadas. LOS NOMBRES Y LAS SOCIEDADES Los Mauro y Solari vendieron TRI-ECO al grupo Stericycle en 2013. Una cesión posterior, instrumentada el 3 de agosto de 2020 y publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2021, dejó a cada uno con el 30% de MEDAM B.A. S.R.L.: el 90% conjunto. EL ALCANCE DEL CASO ESTADOUNIDENSE En abril de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, informó que Stericycle había pagado sobornos para obtener y mantener negocios con clientes estatales de los tres países. El organismo describió planillas con códigos para registrar las coimas y el uso de proveedores ficticios y facturas falsas para encubrir desembolsos. La SEC también señaló deficiencias en los controles contables internos de la compañía. La resolución coordinada con autoridades estadounidenses y brasileñas superó los US$84 millones, un monto correspondiente a las consecuencias económicas de los acuerdos y no al dinero entregado como sobornos. Para evaluar a un oferente, sin embargo, no alcanza con mencionar ese antecedente. Es necesario determinar contra quién se dictó cada resolución, qué efectos produjo y qué relación tiene con la sociedad que pretende contratar. Un acuerdo de enjuiciamiento diferido no equivale automáticamente a una condena firme. Tampoco corresponde trasladar la responsabilidad de la multinacional a los Mauro, Solari u otras personas por sus vínculos societarios. QUÉ CONTEMPLA EL RÉGIMEN NACIONAL La reglamentación de las contrataciones de la Administración Nacional prevé causales de inelegibilidad relacionadas con determinadas continuidades de empresas no habilitadas, simulación de competencia e incumplimientos contractuales anteriores, bajo las condiciones establecidas por la norma y los pliegos. También contempla a personas jurídicas con condenas firmes dictadas en el extranjero por soborno transnacional y supuestos vinculados con listas de inhabilitados de organismos multilaterales. La aplicación exige examinar el antecedente y la situación concreta del oferente. Estas disposiciones no permiten concluir que las compañías mencionadas en esta serie estén automáticamente impedidas de contratar. Además, el régimen nacional tiene un ámbito específico: no reemplaza las normas aplicables a las compras provinciales o municipales. LA CAPACIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO En el tratamiento de residuos también debe establecerse qué materiales puede recibir una planta, qué procedimientos tiene autorizados y si su capacidad resulta suficiente para los volúmenes contratados. La identificación de transportistas, instalaciones y eventuales subcontratistas permite precisar quién realizará cada etapa. Esa información debe poder contrastarse después con los registros de retiro, recepción, tratamiento y disposición final. El capítulo patagónico de esta serie expuso una pregunta sobre esa relación entre lo proyectado y lo ejecutado. Una investigación periodística de 2020 vinculó a los Mauro y Solari con una planta cercana a Añelo y cuestionó instalaciones previstas para tratar residuos petroleros. La actuación 4398/2026 de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, UFIMA, reúne pedidos para identificar operadores, conocer la procedencia de residuos y obtener contratos y órdenes de compra. Según la documentación administrativa reseñada en esta serie, Salud bonaerense respondió con información sobre sus contrataciones de 2025 y 2026. La nómina incluyó a Hábitat Ecológico, una sociedad que también aparece en la estructura histórica de Stericycle. La serie reunió sobornos reconocidos por una multinacional, transferencias societarias, requerimientos fiscales y cuestionamientos periodísticos sobre instalaciones. Para los organismos contratantes, la comprobación pasa por documentos que respondan preguntas concretas: por qué se eligió a ese proveedor, qué capacidad acreditó y cómo se verificó el servicio facturado. Agencia NA

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

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