Buenos Aires, 14 agosto (NA) — Los diputados bonaerenses del PRO y de La Libertad Avanza, que integran la comisión de Servicios Públicos buscan evitar que avance la iniciativa de La Cámpora que pretende que las privatizaciones de las empresas públicas necesiten dos tercios de los votos de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. El proyecto, impulsado por la diputada Maite Alvado, cuenta con el apoyo del radicalismo y ya obtuvo dictamen en la comisión de Servicios Públicos. Las diputadas Paula Bustos (PRO), Oriana Colugnatti (LLA) y Rita Salaberry (LLA), calificaron al texto como un “obstáculo para avanzar en políticas de racionalización del sector público”. En el dictamen de rechazo, la oposición sostuvo que el documento no debe ser aprobado “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, ya que, su objetivo es que el Estado interfiera en cuestiones empresariales ajenas a la administración pública. En ese sentido, precisaron que la propuesta perjudica la actividad del sector privado y no ayuda a disminuir la interferencia del Estado: “En lugar de favorecer una administración más eficiente, concentrada en las funciones propias e indelegables del Estado, el proyecto introduce un obstáculo adicional para avanzar en políticas de racionalización del sector público, apertura a la iniciativa privada y reducción del intervencionismo estatal”. LOS DETALLES DEL PROYECTO El texto, que el jueves consiguió un despacho favorable en la comisión de Servicios Públicos presidida por el diputado de Unión por la Patria Ariel Archanco, tiene como objetivo que cualquier modificación en el control de las empresas públicas deba ser aprobada por una ley que precise una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la cámara y no mayoría simple, como se requiere en la actualidad. «La participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas sólo podrá ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes, al menos, de la totalidad de sus miembros», detalla el texto. A la fecha la única normativa que refiere a posibles privatizaciones de compañías estatales de la provincia de Buenos Aires es la Ley 12.989, que rige sobre Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) e indica que la transferencia al sector privado de cualquier porcentaje accionario “deberá contar, previamente, con la autorización de la Legislatura”, es decir, disponer de mayoría simple. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
