Buenos Aires, 6 octubre (NA) — “Apelación, seguro”, sostuvo un funcionario de primera línea del Gobierno ante la Agencia Noticias Argentinas cuando se le preguntó por los próximos pasos del oficialismo en torno al último fallo relacionado a la Ley de Financiamiento Universitario. En la gestión Javier Milei hay una sola idea: dilatar tiempos para no cumplir con la normativa. Si bien en la administración libertaria se está discutiendo cómo cumplir con los fondos que marca el texto que tuvo insistencia parlamentaria en 2025, por el momento se apuesta a la apelación sistemática de las determinaciones judiciales. Con una narrativa: “No hay plata” para cumplir con una ley que “sabotea” el superávit fiscal. Quedan interrogantes en torno a que rol jugará el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Porque, directamente, es el dueño de la lapicera que puede liberar las partidas para zanjar el conflicto. Pero su entorno dice que es un fundamentalista del déficit cero y que quiere esperar el desarrollo judicial de la ley. Sobre el impacto fiscal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el texto sancionado equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). A propósito, el fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025. De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. Vale destacar que tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes. El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”. LAS VOCES SINDICALES Desde el Sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA) celebraron el dictamen como una contundente victoria de la comunidad universitaria, al tiempo que ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre, remarcando que el cumplimiento de los derechos se garantiza en las calles. Al conocerse la resolución, Pablo Perazzi, Secretario General de FEDUBA, destacó el valor jurídico y político del fallo. «Este fallo histórico demuestra lo que venimos sosteniendo desde el primer día: el Poder Ejecutivo vulneró la Constitución Nacional y el orden democrático al pretender legislar por decreto y aplicar un veto encubierto a una ley que fue ratificada por dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El juez Cormick fue claro: el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender la voluntad soberana del Poder Legislativo bajo el pretexto del ‘equilibrio fiscal’. Es una victoria contundente para las universidades nacionales, para nuestros salarios y para todo el sistema público universitario». Sin embargo, remarcaron que el pronunciamiento de la Justicia debe ser acompañado por la fuerza colectiva en el espacio público. Al respecto, Federico Montero, dirigente nacional de la CONADU, convocó a masificar la movilización del próximo 15 de octubre: «El fallo judicial es una herramienta fundamental que desarma el relato del Gobierno, pero sabemos perfectamente que la solución definitiva a este conflicto es política y se construye con la movilización popular. El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad de sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional». Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
