Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldaron enérgicamente la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que anuló el fallo de primera instancia de la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) y sobreseído a un adolescente de 14 años. Además de revocar la sentencia, el tribunal de alzada dispuso el apartamiento de la jueza del expediente, por lo que la causa contra el menor acusado por tentativa de robo continuará bajo la órbita de otro magistrado. REACCIONES DEL ARCO POLÍTICO: «UN FRENO AL GARANTISMO JUDICIAL» Las repercusiones de la resolución judicial se hicieron sentir rápidamente en el ámbito político porteño y nacional. El jefe de Gobierno celebró la medida en sus redes sociales señalando que representa «un necesario freno al garantismo judicial». «La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso», enfatizó respecto a la actuación de la jueza De Marinis. Mientras que la jefa de bloque oficialista en el Senado destacó la efectividad de la apelación judicial frente a lo que calificó como una sentencia cuestionable. «Lo que no contempla la ley es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. Las víctimas no eligieron ser víctimas; quien comete un delito debe responder ante la Justicia», afirmó. LOS ARGUMENTOS DE LA CÁMARA DE APELACIONES La decisión de la Sala III fue firmada por unanimidad por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza, quienes fundamentaron el rechazo a la sentencia de primera instancia: El camarista Mahiques sostuvo que el control de constitucionalidad no faculta a los jueces a sustituir las decisiones de política criminal aprobadas por el Congreso Nacional. Por su parte, el juez Franza calificó la actuación de De Marinis como un «claro supuesto de arbitrariedad y extrema gravedad institucional», al considerar que la Ley 27.801 no colisiona con preceptos constitucionales ni convencionales. Así, el tribunal concluyó que la magistrada incurrió en un «adelanto de opinión» sobre la conducta de los menores imputados, lo que afectó el principio de imparcialidad para continuar al frente de las actuaciones. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
