Buenos Aires, 23 septiembre (NA) – La investigación por el destino de la cosecha de maíz del campo El Caburé continuará hasta febrero de 2027 y mantendrá bajo presión al gobierno de Claudio Poggi, después de que la Justicia prorrogara el expediente y revocara el apartamiento de los denunciantes que actúan como querellantes. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juez de Garantía 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, extendió siete meses la pesquisa solicitada por la Fiscalía para producir nuevas pruebas. La causa analiza presuntas irregularidades en la administración de un establecimiento de 2.000 hectáreas expropiado por la Provincia y el destino de una cosecha valuada en millones de dólares. El magistrado también dejó sin efecto la decisión fiscal que había excluido a Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo de la querella. Consideró que podían haber sido víctimas de los hechos investigados y les devolvió la posibilidad de aportar pruebas y formular planteos. La defensa de Ricardo André Bazla apeló esa resolución. Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión de la administración de Poggi, y Darío Oviedo Helfenberger están imputados. Esa condición no implica una condena, pero expone una contradicción institucional: el funcionario que encabezaba el área creada para controlar la ética pública quedó investigado por presuntos delitos vinculados con bienes estatales. Después de la imputación de Bazla, el Ejecutivo provincial eliminó esa Secretaría del organigrama. La decisión desplazó al funcionario y suprimió la estructura que conducía, aunque no explicó por sí misma cómo operaron los controles administrativos durante la expropiación, la cosecha y el traslado del maíz. La investigación también salpica a integrantes relevantes de la gestión. Entre los nombres mencionados en el caso aparecen el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; Diego Amondarain, hermano del ministro y asesor con vínculo renovado; y el exfiscal de Estado, Víctor Endeiza, luego designado ministro del Superior Tribunal de Justicia. Endeiza integra el núcleo de máxima confianza de Poggi y, según mensajes incorporados a la reconstrucción periodística, habría autorizado a Oviedo a cosechar el maíz. La responsabilidad penal de cada involucrado debe ser determinada por la Justicia; el dato político ya comprobado es que el expediente dejó de estar limitado a un exfuncionario aislado y alcanzó a distintos niveles del esquema oficial. El Gobierno había recuperado El Caburé en 2024 por incumplimientos de la empresa adjudicataria y presentó la expropiación como una defensa del patrimonio provincial. La causa posterior trasladó el foco hacia lo sucedido con la producción después de que el Estado tomó control del predio. La prórroga judicial descartó un cierre rápido y la restitución de los querellantes reforzó el control sobre el expediente. Poggi terminó el 21 de septiembre con una causa activa hasta febrero, dos imputados y varios hombres de su estructura política mencionados alrededor del manejo de una cosecha estatal millonaria. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
