«No más impunidad», se titula su extenso descargo en redes sociales en el que involucra a varios legisladores y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«No más impunidad. Como dijo el presidente Javier Milei es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces», planteó en su cuenta de X.
En el descargo, la diputada detalló la creación de varios grupos de WhatsApp para avanzar en medidas que beneficiaran a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976, luego de que la Cámara de Casación anulara las libertades condicionales a Horacio Losito y Rafael Barreiro, y la excarcelación de Juan Carlos Rolón.
Según describe en dos extensos hilos, «todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó Comida informal con el Padre Javier, con una foto de perfil del libro ‘El Pacto´, comenzó a explicar Arrieta.
✋ NO MÁS IMPUNIDAD
Continua el relato. Hilo
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024
En la misma línea, continuó y enumeró diputados: «Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo».
En el marco del intercambio virtual, el cura convocó a una «reunión informal y reservada» que se habría realizado el 14 de marzo en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó que los asistentes confirmaran asistencia.
Al pedido, respondieron asegurando su presencia los diputados Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi. Si bien Arrieta aceptó la invitación, no asistió, pero aportó información sobre la llegada de Olea, Sain Jean, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro.
Sin más detalles del intercambio presencial, Arrieta expuso que la abogada Laura Olea compartió en el grupo documentos en los que detallaba medidas para imponer un «plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal».
También el cura Ravasi envió un decreto reglamentario que permitiría incluir a las causas de lesa humanidad dentro del régimen.
«El proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’», explicó.
