Buenos Aires, 10 octubre (NA)- El Gobierno de Panamá declaró este sábado el estado de emergencia nacional para hacer frente a las consecuencias del terremoto que sacudió al país el viernes, una medida que permitirá movilizar US$ 100 millones destinados a la asistencia de los damnificados, la recuperación de infraestructuras y la atención de las comunidades más afectadas. La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete por instrucción del presidente José Raúl Mulino, después de analizar los informes presentados por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros organismos desplegados en las zonas impactadas por el sismo. El paquete de recursos estará destinado a financiar ayuda humanitaria, obras urgentes de reparación y tareas de recuperación en las provincias que registraron mayores daños, en un escenario en el que las autoridades continúan evaluando el alcance total de las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico y sus sucesivas réplicas. Durante una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que la prioridad inmediata del Ejecutivo es asistir a las familias afectadas, garantizar la disponibilidad de recursos institucionales y coordinar una respuesta integral para las comunidades damnificadas. Mulino ordenó además a los integrantes de su gabinete permanecer activos en las áreas afectadas y poner a disposición todos los recursos de sus respectivas instituciones para acelerar las tareas de asistencia y recuperación. Como parte de la estrategia de respuesta, el Gobierno creó una comisión de alto nivel integrada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque; y el ministro Orillac. El organismo tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda humanitaria, la gestión de donaciones y la planificación de las futuras obras de reconstrucción. Las autoridades también habilitaron el Parque Omar, en la capital panameña, como centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y artículos de primera necesidad. Las gobernaciones provinciales funcionarán igualmente como puntos de recepción y distribución de asistencia para las comunidades afectadas. Según el balance actualizado del Sinaproc, el terremoto dejó 27 personas heridas, todas con lesiones entre leves y moderadas, mientras que hasta el momento no se reportaron víctimas fatales. La subdirectora general del organismo, Malitzie Rivera, informó que los equipos técnicos continúan inspeccionando infraestructuras públicas y privadas para determinar el nivel de afectación y establecer las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento. El informe oficial señala que al menos 21 instalaciones sanitarias sufrieron daños de diversa magnitud, por lo que ingenieros y especialistas en estructuras realizan evaluaciones detalladas antes de autorizar su utilización plena. Las inspecciones también alcanzaron a más de 426 viviendas, donde se detectaron afectaciones que van desde daños menores hasta pérdidas totales en algunos casos. El sector educativo figura entre los más golpeados por el terremoto. El Ministerio de Educación reportó daños en 419 centros escolares distribuidos en distintas regiones del país. El ministro de Educación, Ventura Vega, recordó que inmediatamente después del sismo se ordenó la suspensión de las clases y de las actividades administrativas en el sistema educativo público como medida preventiva. El funcionario informó que este domingo se anunciará si las actividades académicas podrán retomarse con normalidad el lunes 12 de octubre. La decisión dependerá de los resultados de las inspecciones estructurales y de las condiciones de seguridad de cada establecimiento. Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran una parte importante de los daños registrados, aunque las afectaciones también se extendieron a Chiriquí, Bocas del Toro, la provincia de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá. Entre los episodios más delicados reportados por las autoridades figura la evacuación de unas 300 personas en la isla de Cañas, donde el incremento del nivel del agua asociado al evento sísmico obligó a trasladar preventivamente a los residentes hacia zonas seguras. Según Sinaproc, los evacuados permanecen bajo resguardo y reciben asistencia alimentaria y sanitaria mientras continúan las labores para garantizar el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales. La respuesta gubernamental cuenta además con el respaldo de 419 efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desplegados en distintos puntos del país para apoyar las tareas de seguridad, logística y asistencia humanitaria. Desde las horas posteriores al terremoto, brigadas de emergencia han distribuido agua potable, alimentos y elementos de primera necesidad en las localidades afectadas, al tiempo que profesionales especializados brindan apoyo psicológico a familias que sufrieron pérdidas materiales o desplazamientos temporales. Las autoridades también implementaron mecanismos de asistencia para personas con discapacidad auditiva mediante intérpretes de lengua de señas, con el objetivo de facilitar la comunicación y el acceso a los servicios de emergencia. El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la comisión especial trabajará simultáneamente en la coordinación de las ayudas ciudadanas y en la planificación de las intervenciones necesarias para restaurar la infraestructura dañada. El terremoto se registró a las 12:56 del viernes y tuvo su epicentro en la península de Azuero. Desde entonces, una serie de réplicas ha mantenido en alerta a la población y a los organismos de emergencia, que continúan actualizando el balance de daños y supervisando las condiciones de seguridad en todo el país. El Gobierno panameño aseguró que mantendrá informada a la población sobre la evolución de la emergencia, mientras avanza la evaluación definitiva de los daños y se definen las obras de reconstrucción que demandará la recuperación de las regiones afectadas. Agencia NA.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
