La Justicia dictó el procesamiento al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni por administración fraudulenta contra el Estado. El dirigente está acusado de un delito que prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel. En la causa se le imputa un desvío fondos que debían destinarse al Plan Potenciar Trabajo y que se usaron para financiar política partidaria.
Hoy, el juez federal Sebastián Casanello firmó el procesamiento contra el referente del Polo Obrero. El magistrado señaló que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos públicos.
Detalló que el ilícito se hizo mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma -Rumbos- que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
El avance de la investigación
Casanello advirtió que incluso se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal, de acuerdo con la investigación.
Además, “Amenazas coactivas” son los otros delitos que se investigan en el mismo expediente. El juez consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor -vinculada a ella-, que se habían comprometido a controlar el cumplimiento de las actividades que debían hacer los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, lo que les exigía, en realidad, era que fueran a las marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, a juicio de Casanello, no solo existió un “desvío” de fondos, sino también un “aprovechamiento de la posición de poder” que tenían los que debían acreditar que se cumpliera la contraprestación del Potencial Trabajo y, en cambio, obligaban a los beneficiarios a una militancia partidaria.
La resolución judicial incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas, acusadas de defraudación -con diferentes responsabilidades-; otras, de “amenazas coactivas”. A Bellibon se lo embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
Ex funcionarios, en la mira
En el mismo fallo, el juez ordenó medidas de prueba para determinar si de la presunta estafa al Estado participaron también funcionarios públicos; entre ellos, Emilio Pérsico, quien durante el gobierno anterior estaba al frente de la Secretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, presentó durante la feria judicial un dictamen pidiendo las indagatorias de Pérsico y otros siete ex funcionarios del ministerio. Consideró que fueron parte de una “matriz de corrupción”.
Según el juez Casanello, antes de disponer nuevas indagatorias es necesario “profundizar la actividad investigativa” para determinar si hay evidencias de la sospecha del fiscal de que existió “dolo” de parte de los funcionarios que debían controlar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Plan Potenciar Trabajo y no lo hicieron.
La Gaceta
