Buenos Aires, 9 septiembre (NA) – La Justicia de la Segunda Circunscripción de La Rioja admitió formalmente un amparo contra EDELAR y concedió parcialmente una cautelar que impide cortar el suministro a los usuarios firmantes y mantiene para ellos los valores tarifarios tomados como referencia al presentar la acción. La decisión alcanzó a alrededor de 200 personas de Chilecito y Famatina y abrió un frente directo para la estructura energética controlada por la Provincia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la novedad fue confirmada por la diputada provincial Gabriela Rodríguez, quien acompañó el reclamo. La legisladora precisó que la protección no se extiende automáticamente a todos los usuarios riojanos: beneficia sólo a quienes suscribieron el expediente colectivo. EDELAR es la distribuidora del servicio eléctrico en todo el territorio provincial y funciona como una sociedad anónima unipersonal. La propia empresa informa que el Estado riojano recuperó en 2014 la mayoría del paquete accionario del holding que la controlaba. Por eso, el pronunciamiento no afecta a una firma desconectada del poder político local, sino a una pieza central de la política energética bajo la gestión de Ricardo Quintela. El conflicto comenzó con facturas que vecinos calificaron como imposibles de afrontar. En julio hubo reuniones públicas en Chilecito y en agosto más de 200 personas llevaron la presentación a tribunales. La acción pidió retrotraer valores, impedir interrupciones por falta de pago y establecer facilidades para los hogares afectados. Rodríguez atribuyó a los usuarios casos de ingresos mensuales de entre $200.000 y $400.000 frente a boletas de $600.000 o $700.000. Esas cifras fueron expuestas por la diputada y no representan una auditoría general de toda la facturación de EDELAR. Su importancia política reside en que acompañaron documentación individual incorporada por quienes firmaron el amparo. La administración provincial había defendido que el precio de la energía se mantenía congelado y que parte del encarecimiento respondía al aumento del consumo invernal, a cambios nacionales en subsidios y a mayores costos de abastecimiento. El presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela, sostuvo el 2 de septiembre que la tarifa provincial continuaba sin modificaciones respecto de abril y que el Estado absorbía aumentos nacionales. Ese argumento oficial no evitó el primer resguardo judicial concreto para las familias que litigaron. La admisibilidad formal no resuelve todavía el fondo del planteo ni declara ilegal el cuadro tarifario general. La cautelar parcial, sin embargo, produjo un efecto inmediato y verificable sobre dos puntos sensibles: continuidad del servicio y valor aplicable a los firmantes. La diferencia entre una denuncia política y una decisión judicial quedó así delimitada. Los montos de $600.000 y $700.000 fueron denunciados por la diputada; la existencia de aumentos ilegales para toda la provincia no fue declarada. Lo ya resuelto es que el grupo incorporado al expediente recibió una protección específica frente a cortes y variaciones respecto de los valores considerados en la presentación. El dato final pertenece al expediente y no a una promesa: unas 200 personas de Chilecito y Famatina quedaron alcanzadas por una cautelar que prohibió interrumpirles la electricidad y mantuvo para ellas los valores tarifarios de referencia existentes cuando se inició el amparo. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
