Buenos Aires, 14 junio (NA) — Con el uso comunitario de los bienes recuperados al crimen organizado, que propone el proyecto de ley «Bien Restituido», la ciudadanía participa de la solución del conflicto penal, cerrando un círculo virtuoso: investigaciones y juzgamientos eficaces, a lo que se suma recupero y uso común, o social. Esto se traduce en la vida diaria convirtiendo un inmueble para venta de drogas en una sala de primeros auxilios, o transformando un prostíbulo en un refugio para víctimas de trata de personas. Por tercera vez, y esperamos sea la definitiva, presentamos el proyecto de ley en la Cámara de Diputados nacionales, por ahora con la firma de 40 parlamentarios, porque vieron que en nuestra patria aún no existe una ley de administración de activos recuperados a nivel federal, o sea en toda la Argentina. Tampoco hemos logrado profundizar la reparación a las víctimas, sus familias, y comunidades. Además el crimen organizado genera daños a gran escala; de hecho, los suele generar trasnacionalmente, esto lo evidencian las investigaciones por narcotráfico, trata, corrupción, lavado o contrabando, generando una enorme cantidad de bienes que el Estado incauta y recupera. A nivel mundial existen dos modelos sobre cómo administrar y qué destino darle a los bienes de la mafia: uno es economicista, es decir destina los bienes recuperados a los presupuestos de los Estados; el otro modelo utiliza los bienes para reparar el daño causado por el delito. Este último viene ganando espacio en las últimas décadas (ver Colombia, el más avanzando en América), y reconoce a Italia como los pioneros en la lucha contra la mafia. Cuando estamos frente a este tipo de criminalidad no basta con sacarle el dinero al condenado, meterlo preso y reparar el daño. También es esencial reconstruir legalidad y la idea de igualdad ante la ley: una cultura de la legalidad. Este proyecto de ley busca transformar la recuperación de bienes en una herramienta de reparación, prevención y fortalecimiento del Estado de derecho. Para que esos bienes tengan un destino útil para la sociedad presentamos por tercera vez -ya que las dos anteriores perdió estado parlamentario-, el proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes cautelados y recuperados en la Cámara de Diputados de la Nación. AVANCES EN EL CAMINO Durante este tiempo de insistencias para que se tratara y aprobara el proyecto de ley también se produjeron avances, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia impulsó mecanismos para disminuir la cifra no registrada y facilitar la entrega provisoria de ciertos bienes con utilidad pública y social, incorporando mayores niveles de control, transparencia y publicidad. Por su lado, el Poder Ejecutivo nacional procuró diseñar un régimen de conservación, administración y destino gestionado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, esos esfuerzos no resuelven el problema central: seguimos sin contar con una ley integral que organice el sistema. Cada poder del Estado conserva sus propios registros, criterios y mecanismos de administración. Compiten en lugar de cooperar. Por eso es imprescindible y urgente una ley con reglas claras, para distribuir funciones y garantizar un sistema estable. (*) – Representa a la asociación italiana Libera en la Argentina y coordina el proyecto Bien Restituido para la administración y la reutilización social de bienes cautelados y decomisados en causas penales.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
