Buenos Aires, 1 septiembre (NA) — La Libertad Avanza promoverá este miércoles en el Senado un dictamen sobre el proyecto del Súper RIGI con dos cambios sustanciales, acordados con los bloques aliados, para destrabar la sanción de la iniciativa. La intención del oficialismo es discutir este proyecto en una sesión a celebrarse el 10 de septiembre, donde también se incluirán otras iniciativas impulsadas por bloques aliados. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Con esta decisión, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo parlamentario, pese a que el Gobierno buscaba evitar este escenario e insistió hasta último momento en que la iniciativa fuera aprobada sin modificaciones. Las reformas se debatirán desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente. El oficialismo decidió avanzar con los cambios pese a que desde el Gobierno hicieron saber su rechazo a algunas de las reformas negociadas. En particular, cuestionaron la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas —entre ellas, los megacentros de datos— cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población, informaron fuentes parlamentarias a NA. El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas, nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y proyectos relacionados con minerales críticos. El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones. INDUSTRIA NACIONAL Uno de los cambios que el oficialismo está dispuesto a aceptar apunta a precisar el alcance de la obligación de contratar proveedores locales. El proyecto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad. Los bloques aliados reclaman que esa protección quede circunscripta a bienes producidos efectivamente en el país. Durante la última reunión, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, pidió que el 20% se refiera exclusivamente a bienes producidos en la Argentina. “Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo. El planteo introduce una discusión política de fondo sobre el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno: si los beneficios extraordinarios estarán orientados únicamente a atraer capitales o si también habrá mecanismos para garantizar que una parte de esas inversiones se vuelque sobre la producción nacional. LA PELEA POR LA ENERGÍA El otro punto que genera resistencia está vinculado con los denominados inversores “electrodependientes”. Los bloques provinciales pretenden que los grandes proyectos que requieran enormes cantidades de energía —especialmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial— desarrollen sus propios sistemas de generación para evitar que el aumento de la demanda recaiga sobre las redes existentes. La preocupación de los gobernadores tiene un fundamento político y económico: los megacentros de datos y la infraestructura digital están entre los sectores estratégicos que busca atraer el Súper RIGI, pero su funcionamiento requiere un consumo energético considerable. Para las provincias, el interrogante es quién deberá financiar y sostener la infraestructura necesaria para abastecer a esas nuevas industrias. El Gobierno, en cambio, teme que imponer demasiadas condiciones termine restándole atractivo al régimen y desaliente precisamente las inversiones que busca captar. QUÉ PROPONE EL SÚPER RIGI El proyecto establece un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones. Entre sus principales beneficios contempla: * Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, con amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes. * Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%. * Deducción de quebrantos sin límite temporal y una reducción progresiva de la carga sobre dividendos: 7%, con una baja al 3,5% después de cuatro años de adhesión. * Exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y supresión de restricciones y cupos para operar. * Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año. De aprobarse con modificaciones en el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán definir si aceptan los cambios introducidos por la Cámara alta. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
