Buenos Aires, 6 septiembre (NA) – La discusión fiscal argentina empieza a cambiar de signo. Durante los primeros dos años del programa económico de Javier Milei, la pregunta era si el Gobierno sería capaz de alcanzar el equilibrio fiscal. Ahora se instala otra: si podrá sostenerlo en una economía cuya recuperación avanza más lento y de manera más despareja de lo esperado. La preocupación tiene fundamentos. La recaudación perdió dinamismo, desaparecieron los ingresos extraordinarios, se redujeron impuestos y derechos de exportación, y la actividad ligada al mercado interno sigue débil. Al mismo tiempo, después de un ajuste de esa magnitud, cada peso adicional de recorte es más difícil de conseguir. Negar esa tensión sería un error. Concluir que, por ella, el superávit fiscal está condenado, también. En julio, de hecho, el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit primario y financiero, aunque el mes estuvo favorecido por el corrimiento de algunos vencimientos tributarios desde junio. Lo relevante es que los primeros siete meses del año acumulan un superávit primario cercano a 0,9% del PIB. Hay desafíos que presionan sobre las cuentas públicas, pero lucen administrables. El punto central es otro. Estamos entrando en una segunda etapa de la consolidación fiscal. La primera consistió, sobre todo, en bajar el gasto y eliminar el déficit. La segunda será más compleja: transformar ese ajuste en un cambio permanente del funcionamiento del Estado. Eso exige avanzar sobre los subsidios, la eficiencia y la composición del gasto, la estructura estatal, la relación fiscal con las provincias y, en algún momento, sobre los sistemas tributario y previsional. Ya no se trata solo de gastar menos, sino de construir un Estado capaz de sostener el equilibrio fiscal sin depender de ajustes extraordinarios y recurrentes. Pero hay una discusión todavía más importante. Frente a la desaceleración de la actividad reaparece una tentación conocida: pensar que primero hay que recuperar el crecimiento para que vuelva la recaudación y, recién entonces, consolidar las cuentas públicas. La historia argentina aconseja prudencia frente a esa secuencia. Durante décadas intentamos estimular la economía anticipando recursos que todavía no teníamos. Cuando esos desequilibrios no encontraron una fuente sostenible de financiamiento, terminaron recurrentemente en déficit, emisión, inflación, más riesgo y, finalmente, menos inversión. La expansión que buscábamos terminaba chocando contra la inestabilidad que nosotros mismos generábamos. El programa actual intenta invertir esa causalidad. El equilibrio fiscal reduce la necesidad de financiamiento adicional asociada al déficit y eso contribuye, junto con otras variables, a bajar el riesgo soberano y el costo del capital. Si además se consolida la estabilidad monetaria, se acumulan reservas y mejoran las reglas de juego, el horizonte de decisión de las empresas empieza a extenderse. Entonces aparecen el crédito, la inversión y, finalmente, una recuperación más sostenible de la actividad. Pero la relación también funciona en sentido inverso. El crecimiento es, por supuesto, indispensable. Una economía que no crece termina chocando con límites fiscales, sociales y políticos. Además, una economía que crece amplía las bases imponibles, fortalece la recaudación y hace menos costoso sostener el equilibrio fiscal. Pero precisamente por eso conviene distinguir entre la condición necesaria y el resultado esperado. Eso no significa que una economía sólo pueda crecer si tiene superávit. Muchas economías sostienen déficits moderados sin comprometer su estabilidad. El problema argentino es más específico: después de décadas de dominancia fiscal, inflación recurrente y restricciones de financiamiento, resulta difícil imaginar una recuperación sostenible sin un régimen fiscal creíble. Por eso, la cuestión no es esperar que la economía se reactive para recién después ordenar las cuentas públicas. Es evitar que la búsqueda de una recuperación de corto plazo vuelva a deteriorar precisamente el ancla cuya credibilidad puede ayudar a hacer sostenible esa recuperación. Eso tampoco significa convertir el resultado fiscal en un objetivo aislado. La estabilidad es una plataforma, no una política de desarrollo. Si el equilibrio no se transforma en menor riesgo, más crédito, inversión, productividad y empleo, el programa habrá cumplido una condición importante, pero no la suficiente. Ahí está el verdadero desafío de esta etapa. La Argentina ya hizo buena parte del ajuste que permitió recuperar el ancla fiscal. Ahora tiene que demostrar que puede institucionalizarla mientras cambia la composición del gasto, sigue reduciendo distorsiones y crea las condiciones para que el sector privado vuelva a invertir. La primera etapa demostró capacidad para ajustar. La segunda deberá demostrar capacidad para transformar ese ajuste en reglas permanentes. El círculo virtuoso no consiste en elegir entre superávit y crecimiento, ni en establecer una causalidad mecánica entre uno y otro, sino en lograr que la estabilidad fiscal reduzca la incertidumbre y favorezca la inversión, y que el crecimiento resultante vuelva, a su vez, más sencillo sostener el equilibrio fiscal. Y quizás esa sea la discusión que viene: no cuánto ajuste adicional puede soportar la economía, sino cuánto crecimiento puede generar una Argentina en la que el equilibrio fiscal deje de ser una excepción y se convierta en una regla. Agencia NA
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
