La decisión se hizo oficial a pesar de las críticas surgidas desde la oposición por no enviar el proyecto de Presupuesto al Congreso tal como marca la ley, cuestionamientos que incluyeron al PRO, hasta ahora habitual aliado del oficialismo.
La norma legal determina los recursos y créditos presupuestarios vigentes, prorrogando la Ley 27.701, es decir el Presupuesto 2023, que fue el último debatido y aprobado por el Congreso durante la administración del ex presidente Alberto Fernández.
Según señala el texto legal, el objetivo es «asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional».
La decisión lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según establece la norma, las diferentes jurisdicciones de la administración nacional «deberán remitir trimestralmente» a la Secretaría de Hacienda «la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza».
NA
