El Gobierno denunció penalmente las irregularidades en el otorgamiento de subsidios a comunidades indígenas

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal “para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos auto identificados como organizaciones indígenas”. Entre los apuntados se encuentran las organizaciones mapuches designadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei. En la documentación presentada por el funcionario constan las dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), adelantadas por Infobae.

Allí se destaca que gran parte de los 1.200 millones de pesos fueron girados por los gobiernos kirchneristas. Esos montos, que solo a una comunidad fueron de 7 millones de pesos, no fueron rendidos. Tampoco se realizaron controles por parte de las autoridades nacionales y se utilizó para abonar honorarios de abogados que los defendían en las causas judiciales por tomas de tierras y hasta incendios en predios y fincas.

“Desde el 10 de diciembre de 2023 se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del Estado Nacional”, recuerda el funcionario en su presentación de seis fojas, y remarca que dentro de ese marco ordenó “un exhaustivo relevamiento de los programas y acciones ejecutivas de este organismo descentralizado”.

Fue allí cuando se detectaron las graves irregularidades en el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

Entre dichas irregularidades se observa la rendición de los subsidios a la Organización Malaweche de la provincia de Mendoza, “que utiliza la personería Comunidad Mapuche Lof Malal”, desalojada por usurpación de tierras en esa provincia. Fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin el resultado que se espera lograr a través de esos fondos: la regularización territorial.

Avruj no da nombres propios en la denuncia penal. Espera que los jueces lo hagan, pero apunta a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las dos auditorías de la SIGEN revelaron graves irregularidades en millonarios subsidios girados a comunidades mapuches que usurpan tierras. Entre ellas, a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), designada como organización “terrorista”. Se destaca que algunos subsidios no llegaron a las organizaciones que se suponía que lo habían solicitado. También que se usaban para pagar a abogados.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue calificado por Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para que los defendieran en las causas en que eran imputados por diversos delitos”.

Según pudo establecer Infobae de fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usurparon tierras en La Patagonia:

1. Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de estaa comunidad ocuparon tierras en San Carlos de Bariloche que eran propiedad privada de la familia Soriani. En 2020, la justicia provincial ordenó el desalojo de la comunidad, pero el conflicto continuó con denuncias de violencia y nuevos intentos de recuperación del territorio. La comunidad recibió $1.770.000 del INAI en 2023 para asistencia jurídica.
2. Lof Kinxikew (Neuquén): ocuparon tierras en San Martín de los Andes. En 2022, la comunidad fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino, que administra tierras en la zona. Recibió $1.950.000 del INAI en 2023 para asesoramiento legal.
3. Newen Mapu (Río Negro): ha participado en reclamos territoriales en El Bolsón. En 2023, recibió $4.480.000 del INAI.

La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza; y, entre otras, Lafken Winkul Mapu, en la provincia de Río Negro, también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos. Tienen conflictos por tierras en Malargüe; en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero; en Vaca Muerta; en Neuquén, donde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina, como YPF y Tecpetrol; y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.

Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.

Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un “convenio” para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:

• ”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
• ”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
• ”No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”.
• ”Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente”.
• ”No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad”, ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.

Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000, también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. En este caso, los auditores establecieron que:

• “No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
• ”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
• ”Al momento del relevamiento, no se agregaba documentación al actuado desde el 17/07/2023. Se encuentra vencido el plazo de presentación de rendición de cuentas, fecha de finalización del convenio: 02/01/2024″.

Uno de los casos en que las comunidades mapuches contrataban abogados a los que pagaban con el dinero de estos subsidios es el caso de las parcelas liberadas en el Parque Nacional Los Alerces tras cinco años de ocupación.

Hay casos más escandalosos. En cumplimiento de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina – Departamento Rivadavia, provincia de Salta, se firmó un “convenio” por $29.210.000. Pero, al controlar el destino de los fondos, la SIGEN advirtió:

• ”El convenio que se ejecutó por fuera del Programa de Fortalecimiento Comunitario”.
• ”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
• ”Se informa el expediente como un servicio jurídico que se encuentra enmarcado en el Programa de Fortalecimiento Comunitario y se trata sobre el cumplimiento de una sentencia”. Pero “no existe registros de lo tratado en el comité ejecutor de la sentencia en el caso comunidades indígenas miembros de la ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT (nuestra tierra) vs. Argentina, como antecedente del convenio”.
• ”No existen registros de Informes con los avances de la ejecución”.

Hay una pregunta que no le corresponde responder a la SIGEN: ¿dónde están y quién o quiénes se quedaron con los millones de estos tres convenios?

El informe de auditoría N° 11/2023 de la Unidad de Auditoría Interna del INAI también detectó graves falencias en el seguimiento y control de las causas judiciales en las que el organismo es parte.

La auditoría, por ejemplo, constató que la Dirección de Asuntos Jurídicos no cuenta con un registro formal y sistemático de los juicios en los que interviene. Esto significa que no se tiene un control adecuado sobre el avance de los litigios, las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.

Según el informe, la Dirección tenía 31 expedientes judiciales principales y 11 expedientes incidentes vinculados, de los cuales 16 tenían un movimiento frecuente y constante. Sin embargo, la documentación de respaldo sobre el estado de estos casos no fue suministrada a los auditores.

El Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ) es de uso obligatorio para los organismos públicos que representen al Estado en juicios, según el artículo 2 del Decreto 1116/2000 y la Ley N° 25.344. No obstante, el informe revela que la Dirección no utiliza este sistema para registrar y hacer seguimiento de sus litigios.

Otra de las observaciones destacadas es la ausencia de una cuantificación clara del impacto económico de los litigios en los que el INAI es parte. De acuerdo con la presentación de la Cuenta de Inversión, el organismo informó los siguientes montos:

• Juicios con sentencia firme: $14.851.077,44.
• Juicios con sentencia no firme: $684.776.803,00.

Infobae pudo saber por fuentes judiciales que algunas de esas causas con “sentencias no firmes” por casi $700 millones son, entre otras:

• Juicios por incumplimiento de políticas públicas para pueblos indígenas: las comunidades demandan al Estado por no implementar políticas establecidas en la legislación, incluyendo falta de reconocimiento legal de personerías jurídicas. No ejecución de programas de desarrollo y acceso a tierras. Incumplimiento del proceso de relevamiento territorial de la Ley 26.160. Por ejemplo, la “Demanda de comunidades mapuches contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la falta de entrega de títulos comunitarios de tierras relevadas”.
• Juicios por violaciones a derechos humanos y represión estatal: las comunidades indígenas presentan acciones legales por Violencia institucional durante desalojos. Persecución judicial y criminalización de líderes indígenas. La muerte de militantes indígenas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Un ejemplo de ellos es el Caso Rafael Nahuel (2017).
• Juicios contra desalojos forzosos: a pesar de la Ley 26.160, en muchas provincias se han ordenado desalojos de comunidades indígenas, lo que ha llevado a amparos judiciales para frenar expulsiones. El hecho derivó en demandas contra provincias y particulares que reclaman propiedad sobre tierras habitadas por indígenas. Acciones en organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los ejemplos es el desalojo de la Comunidad Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi, Río Negro), ordenado por el gobierno nacional, generando resistencia de la comunidad y denuncias por violaciones a los derechos indígenas.

Para subsanar estas graves deficiencias, los auditores de la SIGEN les recomendaron a los funcionarios de La Libertad Avanza a cargo del INAI, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete, en cabeza de Guillermo Francos, implementar el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), una plataforma electrónica desarrollada por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo objetivo es centralizar la información sobre juicios en los que el Estado Nacional es parte.

Este sistema permite a los organismos públicos llevar un registro único y actualizado de los litigios en los que intervienen, facilitando la gestión de causas y el seguimiento de las actuaciones judiciales. “Las deficiencias detectadas en la gestión judicial del INAI evidencian una grave falta de control interno, lo que afecta la capacidad del organismo para defender los derechos de las comunidades indígenas en el ámbito legal. La implementación del SIGEJ y la mejora en la documentación de los casos resultan fundamentales para garantizar un seguimiento eficiente de los litigios y una mayor transparencia en la administración de la justicia en el ámbito indígena”.

Infobae