Por una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, se puso en duda la implementación de la nueva tarifa del boleto de coletivo a $ 1150 que estaba planificada para este lunes, y por el momento el precio se mantendrá en $ 710. En el documento, Voloj solicita “la suspensión inmediata del aumento tarifario dispuesto en la Resolución N.º 1508/24 y, en caso de que el mismo ya se hubiese implementado, se ordene la retrotracción del precio del boleto al valor anterior de $ 710…”, y acusa que “…la audiencia pública fue llevada a cabo de manera irregular, careciendo de los requisitos esenciales establecidos para garantizar la participación ciudadana efectiva.”
Así, el Defensor del Pueblo explica que “la mencionada resolución se encuentra viciada de nulidad por haberse fundamentado en una audiencia pública que (…) fue llevada a cabo sin cumplir los requisitos básicos para asegurar la transparencia y participación efectiva de la ciudadanía, además de carecer de una fundamentación técnica adecuada”.Como uno de los argumentos principales, Voloj marca “la falta de inclusión del porcentaje de subsidio en el informe de metodología de costos”, lo que considera “un dato crítico para la evaluación adecuada de la tarifa propuesta, dado que el subsidio es un factor determinante en la composición de los precios”.
En este sentido marca que “sin este dato, no es posible para los ciudadanos ni para esta Defensoría comprender con exactitud cuál es la participación del Estado en la conformación de las tarifas, y cómo esta afecta el costo final que deben asumir los usuarios».
Además, el impacto en sectores vulnerables es uno de los puntos que utiliza Voloj como motivo para frenar la actualización tarifaria: “la imposición de un incremento desproporcionado e injustificado impacta directamente sobre los sectores más vulnerables de la población, afectando derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a la movilidad”, señala. Otro de los puntos que cuestiona el Defensor del Pueblo es la comunicación del nuevo precio: “apenas tres días después de la audiencia, la Secretaría de Transporte emitió una gacetilla informativa (…) estableciendo el precio final del boleto en $1.150”. Para Voloj esto demuestra que “…la decisión sobre el aumento ya había sido predefinida sin otorgar una verdadera oportunidad de consulta a la ciudadanía, viciando de nulidad el proceso de audiencia pública”.
