La decisión también alcanzó al ex secretario privado del ex funcionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, según el fallo de la sala I del Tribunal de Apelaciones al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito.
«El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía», advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido «a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales».
Los jueces sostuvieron que «aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad».
El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para Gonzalez García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada.
Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional «Profesor Alejandro Posadas» se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal.
En un «vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa», entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros.
«Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020,» por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara.
El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con 5 dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud.
Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes «recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas», remarcó la acusación.
NA
